Juzgan en Valladolid a un ex secretario de Estado por una subvención que se 'volatilizó'

Junquera, administrador civil del Estado, que ha estado ocupando altos cargos de la Administración pública desde los años noventa del pasado siglo hasta su salto a la empresa privada (Codere, Indestic, Proceus), se sentará en el banquillo del tribunal vallisoletano junto a Antonio Moreno Rego, el administrador de la empresa GPM Digital Entertainment Factory SL, la subcontrata que iba a ejecutar el proyecto fallido. Los encausados se enfrentan a penas, respectivamente, de cuatro y tres años y tres meses de prisión. La Fiscalía solicita además en su escrito de acusación que indemnicen al Estado con tres millones de euros de forma conjunta y solidaria.

La Fundación de la Lengua Española (FLE) se constituyó en Valladolid en 2006 con un patronato presidido por el empresario y fundador del Grupo Norte, José Ronaldo Álvarez, con el objetivo de impartir cursos de español a extranjeros y promocionar la lengua y cultura expañolas, así como para «difundir de la imagen de España y de Castilla y León por todo el mundo». La entidad privada solicitó el 19 de octubre de 2007 una ayuda pública para ejecutar el proyecto denominado 'Mmog Español, mundo virtual para el aprendizaje y promoción de la lengua y cultura española«. La ayuda les fue otorgada por resolución del secretario de Estado de Telecomunicaciones el 10 de diciembre de 2007 por un importe total de 3.485.730 euros. Esta ayuda se componía de una subvención de 485.730 euros y un préstamo reembolsable de tres millones, con un plazo de amortización de 15 años y otros dos de carencia, a un tipo de interés cero. En esa resolución se indicaba que parte de la ejecución del proyecto podía subcontratarse.

Así que la Fundación subcontrató con la empresa GPM Digital Entertainment Factory la elaboración del proyecto y solicitó del Ministerio, los días 29 de febrero y 7 de marzo de 2008 una autorización para que la subcontrata, administrada por Antonio Moreno, se subrogara en la obligación del préstamo de tres millones de euros. En caso de que esta autorización fuera denegada, indica el ministerio público, «la Fundación no tenía intención de continuar con el proyecto, por lo que procedería a devolver la ayuda obtenida». El patronato, durante una reunión del 13 de marzo siguiente, acordó esperar respuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo respecto de esa autorización para que GPM asumiese la obligación de devolver el préstamo, pues si no se conseguía el visto bueno ministerial, se abandonaría el proyecto y se devolverían los tres millones ya recibidos por la Fundación.

Esta postura de la FLE, según la Fiscalía, determinó que, al día siguiente, el director de gabinete de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, Juan Junquera, «actuando de común acuerdo» con el representante de GPM, Antonio Moreno, «redactara un documento en el que se decía que el Ministerio de Industria aceptaba la responsabilidad asumida y presentada por GPM a todos los efectos». Este documento, según la acusación pública, es «anómalo» y de él «no se dejó constancia en el expediente administrativo«. Además, «fue dictado por un órgano manifiestamente incompetente, ya que el mismo carecía por completo de funciones decisorias» y se realizó «prescindicendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

Al parecer, este documento aclaraba otro anterior del 10 de marzo de 2018 en el que el secretario de Estado de Telecomunicaciones respondía a una petición realizada en el mes de febrero por Daniel Movilla, entonces presidente del comité de dirección de la Fundación de la Lengua Española, y el administrador de GPM, Antonio Moreno, en la que solicitaban que se permitiera a esta empresa asumir ante el Ministerio la devolución total del préstamo otorgado. Se les contestó «que se uniera al expediente a los efectos oportunos».

De esta forma, el documento suscrito por Junquera resultó determinante para que el patronato de la Fundación de la Lengua Española accediera, en una reunión del 18 de abril de 2008, «a continuar con la ejecución del proyecto y, como consecuencia de ello, se transfirieran los tres millones de euros a la sociedad GPM»:

Sin embargo, el Ministerio, diez días antes, había resuelto que denegaba a la FLE su solicitud de subrogación. Lo que pasó es que se le notificó esa decisión el 24 de abril, cuando el patronato ya había acordado seguir con el proyecto y había transferido el importe de la subvención a la subcontrata. Como consecuencia, señala la Fiscalía, «se produjo el consiguiente perjuicio para la Federación, que ya había transferido los tres millones de euros pero mantenía su obligación en cuanto a la devolución de tal cantidad» y, en paralelo, «el enriquecimiento para GPM». La Federación solo devolvió dos cuotas del préstamo concedido, explica la acusación, «al haber entrado en concurso».

En mayo de 2012, la FLE presentó ante el Ministerio una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado basada en el documento elaborado por Junquera y Moreno y se abrieron diligencias informativas en la Subdirección General de Servicios y Relación con los Ciudadanos, donde «se detectó traza de resguardos de envío postal del referido escrito» pero el expediente se archivó por prescripción administrativa, «sin perjuicio de las responsabilidades administrativas sancionadoras y penales» en las que se hubiera podido incurrir.

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal en concurso medial con el artículo 77.3 y otro delito de estafa cometida por autoridad o funcionario público del artículo 438. Para Juan Junquera Temprano se pide una pena de cuatro años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo durante seis años. A Antonio Moreno Rego le pide tres años y tres meses de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de 12 euros, más la inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio de sufragio pasivo durante dos años.