Juzgan por estafa al hijo y la nuera de la mujer asesinada en La Circular

Por el delito de frustración de la ejecución del artículo 257.1 en relación con el de estafa del 250.5 del Código Penal, la Fiscalía pide para cada uno de ellos penas de cinco año de prisión y multa de 9.900 euros. Jesús Ángel A. A., de 51 años, y Cristina A. G., de 46, ambos con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, se sentarán en el banquillo con otras dos personas (como cooperador necesario y cómplice, respectivamente). Se trata de José P. C., de 73 años, pareja de la madre de Cristina, y José Luis B. G., de 46, para quienes el ministerio público solicita penas, respectivamente, de dos años de prisión y multas de 4.500 euros. Todos los acusados tendrán que hacer frente a las responsabilidades personales subsidiarias en caso de impago si son condenados.

El empresario adeudaba a la Hacienda Pública más de 2,1 millones de euros, la mayor parte de esta cantidad, consecuencia de un expediente de derivación de responsabilidad de las deudas de la sociedad limitada Ganados y Servicios Acuña. No era la primera derivación que se realizaba, explica el escrito de la acusación, porque en cuanto se notificaban los acuerdos de inicio de los expedientes, las sociedades cesaban en su actividad y se constituia una nueva que, a pesar de estar configurada y administrada por personas distintas, se dedicaba al mismo negocio y era gestionada por Jesús Ángel con la colaboración de los otros tres acusados.

Indica el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía que, como las sociedades no tenían más bienes que el dinero en cuentas corrientes y los créditos sobre sus clientes, «la única forma» para conseguir el pago de estas deudas era «el embargo cautelar de dichas cuentas y clientes cuando se iniciaba el expediente de derivación de responsabilidad».

La Agencia Tributaria también había derivado a la pareja del principal encausado las deudas de otra de las empresas en las que ella figuraba como administradora, la sociedad limitada France Carni Import-Export. de manera, entiende el fiscal, que los dos estaban trabajando con otras sociedades constituidas para evitar esos embargos «circunstancia que era conocida por los otros dos acusados que se prestaron a participar en la creación y actividad de esas nuevas sociedades».

Estas sociedades son Terneros Percajo SL, con dos cuentas abiertas a su nombre y Agricultura y Ganadería Castellano Manchega SL que, aunque tiene el domicilio social en Toledo, es titular de trescorrientes abiertas en sucursales de Valladolid. En dos de estas cuentas, la acusada figura como autorizada, aunque solo es una de ellas la que presenta «movimientos importantes», según la Fiscalía.

Para dejar fuera del alcance de su principal acreedor, Hacienda, el dinero que conseguían en sus operaciones comerciales, ingresaban las cuantías mediante transferencias o pagarés en las dos sociedades en principio no afectadas por las derivaciones de responsabilidad. También reintegraban en metálico dichos importes y, en ocasiones, cobraban en efectivo a los clientes.

Un ejemplo del modus operandi es que José P. C. extrajo de la cuenta de Terneros Percajo en la ventanilla de Laboral Kutxa, durante seis días de agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2019 cantidades que suman 187.000 euros. En la de Caixabank de la que figuraba como titular Agricultura y Ganadería Castellano Manchega, Cristina A. G. realizó en tres días de septiembre, noviembre y diciembre de ese mismo año reintegros por un importe total de 175.418 euros. De hecho, apostilla la Fiscalía, el 26 de noviembre de 2019, el acusado principal llevaba oculta entre sus ropas 93.700 euros en billetes de cien y cincuenta. Se detectó porque «se le iba cayendo el dinero cuando caminaba por la calle Carretera de la Esperanza de Valladolid». En un auto del 5 de febrero de 2020, el Juzgado encomendó a la oficina de Recuperación y Gestión de Activos la administración de los 93.700 euros intervenidos.

Jesús Ángel, en paralelo, estaba utilizando el Mercedes de la que era titular su pareja, sobre el que ya pesaba un embargo y precinto acordado por la Agencia Tributaria de Valladolid. Dentro del turismo se encontraron 30 décimos de Lotería Nacional para el sorteo del 22 de diciembre de 2019 y 35 pagarés (algunos vencidos), emitidos, salvo uno, desde la misma cuenta de Cajamar, siendo las beneficiarias de esos pagarés Terneros Percajo y Agricultura y Ganadería Castellano Manchega SL.