Los juzgados de Valladolid movieron más de diez millones de euros el último año

Los depósitos y consignaciones judiciales se constituyen a disposición de los órganos de la Administración de Justicia en el ámbito de los procesos judiciales. En concreto, los depósitos judiciales sirven para cumplir garantías, fianzas, cauciones u otros requisitos procesales establecidos por las leyes. Se realizan como consecuencia de la intervención, aprehensión o incautación de moneda metálica, billetes de banco, cheques bancarios o valores por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Vigilancia Aduanera o cualquier otro funcionario público, y se ponen a disposición de la autoridad judicial competente. Estos depósitos se refieren también a cualquier ingreso que se realice como consecuencia o para asegurar el embargo de bienes y el de las cantidades que se encuentren durante la práctica de diligencias judiciales.

Las consignaciones judiciales que se realizan en ejecución voluntaria o forzosa de títulos que lleven aparejada una ejecución. Como las que se realizan con finalidad liberatoria por el obligado al pago de una cantidad, o en otros supuestos que establezca la ley.

En estas cuentas está el dinero de la fianza que, por ejemplo, tiene que abonar un ciudadano que forma parte de un procedimiento judicia para eludir la prisión o asegurar determinado tipo de responsabilidades; también para realizar depósitos que permitan al justiciable recurrir las resoluciones judiciales o para pagar multas impuestas por las autoridades judiciales. Puede acceder a ellas una persona interesada en participar en una subasta o un empresario que, en el supuesto de despido improcedente, opta por la indemnización en lugar de readmitir al trabajador despedido, y al objeto de poner a disposición de este empleado la indemnización.

En estas consignaciones se incluyen las cantidades adeudadas por una persona a otra, ante la negativa de esta a recibir el pago. Afectan también a los particulares o entidades que reciban una orden de embargo o, en su caso, de retención y posterior puesta a disposición por orden de un órgano judicial.

Las cuantías existentes en las cuentas de consignaciones judiciales oscilan en función del tipo de jurisdicción. Uno de los juzgados que más volumen económico mueve de Valladolid es el juzgado único especialmente destinado por el Consejo General del Poder Judicial a resolver los asuntos de cláusulas hipotecarias. En esta cuenta, al cierre de 2022, había un montante de cuatro millones de euros, un dato, señala Santana «con el que se puede hacer una idea de la magnitud de la que estamos hablando».

En el caso de los juzgados del orden penal (cuatro juzgados de lo penal más seis de instrucción), mientras que en los de primera instancia (civiles y familia), que son 15 en la capital, el volumen económico de media está en 500.000 euros. El movimiento en las cuentas de consignación depende de la localidad en las que se encuentran estas sedes judiciales y el número de juzgados que haya en un determinado partido judicial. En las sedes de lo penal se producen en torno a 7.000 operaciones económicas, mientras que en los juzgados civiles de Valladolid se calculan unos 3.000 movimientos anuales.

Los movimientos en las cuentas judiciales son diarios y se concentran en los quince primeros días o en los últimos diez días del mes estas operaciones, según se trate de pagos fraccionados, explica Santana. En los juzgados de primera instancia se produce una media de más de 3000 movimientos bancarios anuales realizados por los LAJ que implican transferencias, traspasos y emisión de mandamientos de devolución.

En el orden penal también hay una media importante de ingresos, transferencias y pagos. Es significativo el montante que mensualmente se emite desde esta jurisdicción al Tesoro Público relativo al pago de las multas impuestas en sentencias condenatorias, que llega a las casi 20.000 anuales.

«Esto es importante desde el punto de vista macroeconómico porque también contribuye, de alguna manera, a que el dinero fluya y a que gran parte del mismo se destine en las arcas públicas», subraya la portavoz de la Unión Progresista de Letrados.

La gran mayoría de estos mandamientos se realiza actualmente vía transferencia bancaria. Además de suponer el cumplimiento de un título ejecutivo como es una sentencia judicial de condena, supone el pago a un demandante de su deuda, o a una víctima la reparación del perjuicio causado. «Muchas veces esos ingresos conllevan un trabajo anterior, que es la averiguación patrimonial, embargos previos… con el fin de ejecutar forzosamente y dar cumplimiento a la sentencia cuando estos ingresos no se efectúan de forma voluntaria por el obligado al pago«, puntualiza Santana, quien hace hincapié en que este trabajo »es de titularidad exclusiva del letrado de la Administración de Justicia que, como a nadie se le escapa, supone también asumir la responsabilidad del destino de ese dinero».