Los juzgados de Valladolid deniegan más de la mitad de las órdenes de protección

Valladolid suma cuatro años consecutivos registrando víctimas mortales por violencia de género, cinco en total, y solo una de ellas había denunciado previamente a su agresor-. A ello hay sumar un caso de violencia vicaria, el de India, la hija de ocho años de Paloma, de 46, ambas presuntamente asesinadas por la pareja sentimental de esta última en enero de 2023. Pese a los malos datos, los juzgados de Valladolid, que cuentan con un órgano específico de violencia sobre la mujer, son los que más órdenes de protección deniegan, más de la mitad.

En lo que llevamos de año, se han interpuesto 340 denuncias por violencia de género y se han incoado 115 órdenes de protección, de las cuales únicamente los jueces y juezas han adoptado 43, tan solo un 37%. Y desde que comenzara el pico continuado de violencia machista en 2021, se han interpuesto 4.251 denuncias y se han resuelto 1.456 órdenes judiciales, de las cuales, más de la mitad también han sido denegadas (750). En total, desde que se recopilan estos datos (2009) se han incoado 6.385 órdenes de protección, de las cuales se han rechazado 3.501.

Los datos contrastan con la tendencia en el resto de la provincias, donde el porcentaje de órdenes de protección aprobadas superan el 70%, con una media en Castilla y León de un 79,6% en los últimos cuatro años. Una disparidad que para Emilio Vega, magistrado de la Audiencia de León y titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Valladolid hasta enero de 2024, radica en las circunstancias particulares de cada caso, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la «apreciación subjetiva de cada juez».

«Muchas veces no tienes más datos que el testimonio de ella y el de él», incide el magistrado, que se muestra prudente y explica que su trabajo no se rige por las cifras, sino que «valora cada caso concreto» ante las limitaciones que implican este tipo de resoluciones judiciales. «Las órdenes de protección se dan cuando son necesarias, porque significa restringir derechos fundamentales a una persona, que es él, como el derecho a circular libremente o el derecho a las comunicaciones, entonces no se pueden dar a la ligera», explica el magistrado, que reflexiona sobre la posibilidad de que lo que desequilibre la balanza sea que se pidan algunas «que no son necesarias».

Del mismo modo defiende que durante su paso por los juzgados de Valladolid en los últimos 15 años, «nunca ha pasado nada» cuando ha denegado una orden de protección, lo que hace que se reafirme en sus resoluciones judiciales, a la par que apunta a que en la mayoría de crímenes machistas no constaban denuncias previas, el paso anterior a una orden de protección.

Para Vega resulta más efectivo decretar el ingreso en prisión provisional que ordenar medidas de alejamiento, dado que no cree que sea efectivo para evitar muertes, sino que se trata de dar «seguridad» a esas mujeres para que se sientan protegidas, puesto que la pena que acarrea un homicidio o un asesinato es mayor que la de vulnerar una orden de alejamiento: «Si 25 años por un homicidio no le disuade, imagina un año».

Desde la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (ADAVASYMT), apuntan a la dificultad de conseguir una órden de protección cuando la prueba implica «la existencia de unos moratones grandísimos». «Las lesiones suelen ocurrir en la intimidad y ya no hablemos de los malos tratos psicológicos, esos si que son dificiles de denunciar», explica Conchi Minayo, presidenta de la asociación, que apunta a la subjetividad del proceso, dado que «depende muchísimo de la ideología del juez».

Aunque coinciden que en muchos casos las órdenes no están siendo del todo eficaces ante la evidencia de mujeres asesinadas que tenían protección, cree que «los recursos son suficientes pero que en muchos casos están siendo mal utilizados» y pide que se de formación de «reciclaje» a la judicatura, ante las consecuencias, también a nivel psicológico, que implica el proceso para la víctima: «Una mujer cuando se decide a denunciar es porque ha pasado ya un calvario largo y cuando se deniega la orden por falta de pruebas o por lo que considere el juez, esas mujeres quedan bastante afectadas».

El número de dispositivos instalados para el control telemático de las órdenes de alejamiento también es significativamente residual en Valladolid. Tras Zamora, la provincia está a la cola en cuanto a esta medida de seguridad, con 36 de estas pulseras activas, frente a las llamativas cifras de Palencia (137) o Soria (132 ). En proporción, el número de órdenes de protección adoptadas en los juzgados que pueden llevar aparejada esta medida - no existen datos desglosados de las medidas cautelares empleadas - es mayor que en estas provinicias por el volumen de casos incoados.

La radiografía de la violencia machista en Valladolid también contrasta con el número de víctimas con seguimiento policial. De las 4.557 mujeres que constan en el Sistema Viogén en Castilla y León - 2.903 con protección policial asignada - 736 son de Valladolid. Burgos (1.024) y León (851) cuentan con más casos activos, atendiendo a los datos de 2024, pese a que Valladolid es la provincia que más denuncias acumula, 4.251 desde 2021, frente a 3.241 en León y 3.231 en Burgos.