Valladolid

Los juzgados tardan casi tres años en resolver las visitas a hijos de padres separados

Para conseguir que se abone la manutención de los hijos o se establezca el contacto con los progenitores, los abogados se ven abocados a interponer una demanda ejecutiva para que el juez haga cumplir la sentencia de separación o divorcio, en la que ya se fijaron una serie de obligaciones.

Sin embargo, las demandas ejecutivas no tienen un efecto inmediato. Según las propias estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las relacionadas con procesos de Familia tardan una media de dos años y once meses en hacerse efectivas en Valladolid, y en el conjunto de la comunidad. «Después de un divorcio puedes estar más de dos años sin ver a tus hijos», explica María José Sánchez. Un plazo exagerado, y más tratándose de menores «que en cuestión de pocos años puedes perderte su infancia», apunta en el marco de unas jornadas sobre la materia que ha reunido a cerca de trescientos especialistas en el Colegio de Abogados de Valladolid.

«Es habitual que no se cumpla el régimen de visita, aquí el más perjudicado siempre el menor», señala Sánchez. Una problemática, que tal y como explica la vocal, con la ley en la mano, no tiene solución, porque las normas y los procedimientos «no son para familias». Se dan casos donde uno de los cónyuges, se niega a que la otra parte pueda visitar a los niños, «al final aunque acudas al juzgado no existe una solución inmediata, ya se está produciendo un perjuicio a la otra parte y sobre todo a los menores, ya que estos saben que no ven al otro progenitor, pero no por qué y pueden pensar que están enfadados o directamente que no quiere verles».

Unos datos de divorcio que han sufrido un repunte en el último trimestre en Valladolid. Según los datos de la AEAFA, la edad media de divorcio se sitúa entre los 40 y los 49 años después de un matrimonio con una duración aproximada de dieciséis años. Unas cifras, en las que cabe destacar que no aparece computadas las separaciones de las parejas de hecho, así como los divorcios ejecutados directamente en el notario «que representan un gran volumen», según señala María José Sánchez.

Unos datos de divorcio, que arrojan que en el 42,6% de los casos existen hijos menores de edad, así como en el 7,4% de los casos comparten hijos menores y mayores y en el 3,7% existen hijos mayores dependientes económicamente.

El derecho de familia incluye un gran abanico de cuestiones, como las herencias, las liquidaciones familiares, las separaciones o las pensiones compensatorias e indemnizaciones. Una pensión compensatoria o una indemnización -que son compatibles y se pueden dar a la vez- que dependen del buen hacer del abogado, pues es él quien debe solicitar al juez esta medida alegando que uno de los cónyuges se ha dedicado en plenitud a los cuidados de la casa o de los hijos, por lo que se ha visto obligado a dejar su formación o su carrera laboral. Una medida que basa su fin en la opción de la reinserción laboral de esta persona y que pueda mantener un nivel de vida similar al que tenía hasta el momento «aunque nunca va a ser igual», específica Sánchez.

En los últimos años, se ha visto un incremento de las indemnizaciones, que se puede realizar en un pago único o dividido en meses debido al aumento de matrimonios que se casan en régimen de separación de bienes, modalidad exclusiva para solicitar este tipo de compensación.

Otros de los asuntos sobre los que tienen que trabajar los abogados de familia son las pensiones de alimentación de los hijos cuando ya han alcanzado la mayoría de edad. En la actualidad, no existe un tiempo máximo. El juez está obligado a establecerla cuando en el proceso de divorcio existen hijos menores, pero cuando superan los 18 años, se fija en función de si no tiene ingresos o vive con alguno de los padres «obviamente si este no tiene ninguna intención de estudiar o de trabajar la pensión se puede extinguir», remarca Sánchez.

Otros de los motivos para extinguir este pago, es si el hijo en cuestión se incorpora al mercado laboral, lo cual depende más que de los ingresos, del tiempo de permanencia, o si se independiza.

Una pensión que se puede suspender -habría que reactivarla después- en caso de que el hijo se vaya a estudiar fuera y se llegue a un acuerdo entre los progenitores de correr con los gastos a medias. Una suspensión que también se podría dar en caso de que el beneficiario se encuentre trabajando con un contrato de prácticas, «en este caso no se podría extinguir porque no se trata de una introducción en el mercado laboral, muchas veces se está un tiempo en la empresa, pero luego no existe una contratación posterior», recalca Sánchez.

Uno de los asuntos más importantes del derecho de familia es la discapacidad. Donde gracias a la ley de 2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, aparecen las medidas de apoyo. Algo muy importante porque en muchas ocasiones se pueden dar fuera del juzgado, además de que «existe una dificultad entre los abogados para expresar al juez lo que se solicita», remarca Sánchez.

En un ejemplo, se trata de cuestiones del día a día, muy alejado de los extremismos que también se pueden dar. Estas medidas de apoyo son muy útiles para las personas mayores, aquellas que ya no pueden valerse por sí mismas en cuestiones tan cotidianas como acudir al banco. Es necesario nombrar a una persona que tenga validez para manejar las cuentas de la persona afectada. El problema aparece cuando «vas al banco y la persona que te conoce no está, entonces no puedes operar» señala Sánchez. Es necesario que se acredite al banco quién es la persona que está autorizada y para eso son necesarios los poderes preventivos.

Dentro de las parejas de hecho es donde existe una mayor dificultad, porque si bien comparten norma respecto a los hijos, a nivel de deudas o repartir un dinero prestado es como «si convivieras con un compañero de piso». No existe una norma, salvo que se haya dejado escrito previamente algún tipo de acuerdo. En este tipo de unión tampoco se incluye ningún tipo de indemnización o de liquidación, en definitiva, es «mucho más fácil casarse que no», matiza María José Sánchez

Otro de los asuntos candentes es el derecho de familia, según explica Sánchez, cada vez existen más matrimonios transfronterizos. Lo que lleva a que sea más común los problemas de regímenes económicos matrimoniales en crisis familiares no residentes en España, algo que les obliga a conocer a la perfección el derecho internacional que es «tan importante como el Código Civil».

«Los juzgados se encuentran mal», explica Julio Sanz, presidente del Consejo del Colegio de Abogados. Una situación de colapso generalizada, que esperan pueda ver algo de luz a partir de las reformas legislativas que ya se están tramitando en el parlamento. El derecho de familia, que tradicionalmente se asocia a los divorcios, abarcar un gran campo de actividad. Desde las herencias, liquidaciones matrimoniales, la filiación matrimonial, la patria potestad, la tutela de los menores o la discapacidad. Un abanico tan amplio que representa el 25% de los asuntos civiles que se tramitan en los juzgados.

«En la actualidad, se vive una respuesta judicial tardía». Entre otras cosas, a la falta de equipos psicosociales, se suma que solo cuatro capitales de Castilla y León, como son Burgos, León, Salamanca y Valladolid, cuentan con juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia. Una situación que, como señala Julio Sanz, convierte el derecho de familia en un foco de desigualdad entre personas, por ejemplo, al tener que acudir los ciudadanos de zonas más rurales a juzgados mixtos donde sus jueces «no son especialistas en la materia». Además. Sanz, señala que en muchas ocasiones esta demora en resolver los asuntos llevan a «complicaciones y nuevos conflictos» entre las personas.