Los juzgados reajustan sus agendas para reducir al mínimo las vistas presenciales

En Valladolid, la sala del jurado de la Audiencia, que es la más grande del Palacio, se va a quedar justa con la separación personal que se requiere para evitar el contagio de magistrados, letrados de la administración de justicia, jurados, letrados, acusados, testigos y funcionarios. Tendrán que repensar los espacios o buscarse otros nuevos fuera de la sede judicial. Esto no es algo nuevo para el tribunal, que ya ha utilizado la Feria de Valladolid para celebrar juicios multitudinarios de drogas y estafas.

Durante lo que queda del estado de alama y en los tres meses posteriores a que se levanten las medidas excepcionales, el Real Decreto del Gobierno contempla, entre otras medidas, que se establezcan en los juzgados dos turnos de trabajo, mañana y tarde, que la atención al público sea preferentemente telefónica o por correo y, excepcionalmente, con cita previa y que todos los actos sean telemáticos salvo en el ámbito penal, donde el acusado tiene que estar presente.

Al respecto de estas disposiciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado una guía de buenas prácticas que, básicamente, deja en manos de los Tribunales Superiores de Justicia y, en último término, de los jueces, la organización de las vistas. El presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza, mantendrá hoy una reunión por videoconferencia con representantes de todo el colectivo judicial para avanzar en un protocolo común de funcionamiento de los juzgados vallisoletanos que, por ahora, están aún con medidas muy básicas de seguridad e higiene.

Excepto en el Registro Civil, donde se han colocado unas mamparas, el resto de los espacios están como estaban antes de los servicios mínimos. Y, respecto de los equipos de protección individual para los funcionarios, están tirando de donaciones, como las 2.400 pantallas faciales que les ha hecho llegar ayer la Fundación Cidaut, que la Gerencia repartirá por los juzgados de Valladolid, León, Salamanca, Zamora y Palencia.

Señala el magistrado presidente de la Audiencia, Javier Carranza, que «se ha activado el sistema telemático y las secciones civiles ya llevamos cuatro o cinco videoconferencias» y los magistrados también utilizan el teléfono. También, asegura, están poniendo sentencias, «aunque se ha formado un cuello de botella para notificar porque con los servicios mínimos solo hay un funcionario al día». El pasado jueves, una de las secciones penales celebró un juicio presencial con preso y, como los actores eran pocos, se pudo mantener la distancia de seguridad establecida.

Reconoce, no obstante, que los órganos colegiados lo tienen más fácil que los jueces unipersonales a la hora de enfrentar la desescalada. La imagen del vestíbulo de la sede de los Juzgados de Angustias repleta de decenas de personas esperando para entrar a alguno de los juicios que simultáneamente se iban encadenando en las salas de vistas es pasado. La pretensión ahora «es que se realice el máximo de juicios posible vía telemática utilizando los despachos de abogados y procuradores y dejar los juicios físicos para los casos penales más graves». En estos habrá limitaciones de aforo muy rigurosas y mayor espacio entre una vista y otra para higienizar las salas y ordenar la entrada y salida de las personas participantes en estas vistas, apunta Carranza.

Un escollo importante que, si no se resuelve, supondrá que solamente se podrán celebrar el 20% o 30% de los juicios telemáticos, es que actualmente no existen procedimientos técnicos para grabar las actuaciones por videoconferencia fuera de las salas de vistas. Explica que, si no se puede grabar, los señalamientos telemáticos se harían en un número ridículo, porque solo se podrían hacer en sala y no desde el despacho del juez»

Pero de todas las medidas que contempla el Real Decreto, una de las más controvertidas es la habilitación de agosto entre los días 11 y 31 del mes. Aunque Carranza subraya que «en agosto los juzgados no están cerrados» si cree que estos 20 días hábiles «no son la solución» al atasco que se prevé.

Quienes critican sin ambages que el Gobierno les suprima su tradicional mes de vacaciones son los abogados y procuradores y tampoco están satisfechos los letrados de la administración de justicia. «No solo es perjudicial para la conciliación, el problema es la falta de operatividad de la medida, creemos que no va a producir ningún beneficio. Se solucionaría si todos a la vez concentráramos las vacaciones, pero me temo que vamos a estar a medio gas en julio, agosto y septiembre», señala el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Garicano. Pronostica la decana del Colegio de Procuradores, Mar Abril, que «no se va a solucionar en veinte días un atasco de años y la avalancha que viene de procedimientos urgentes derivados del coronavirus, como los ERTE».