Los juzgados de familia de Castilla y León suman retrasos de un año a los casos de divorcio y custodias
justicia ·
Los abogados sostienen que el 'efecto covid ' evidencia la necesidad de crear más órganos especializados en la comunidad
El 'efecto covid' en los juzgados de Castilla y León está ralentizando los procedimientos de familia (divorcios, régimen de visitas de menores, incapacidades...) de tal forma que, si antes del primer estado de alarma de marzo una pareja tardaba en divorciarse unos ocho meses, ... ahora el tiempo se ha multiplicado por dos y eso en las provincias donde hay juzgados especializados en crisis familiares, porque donde no hay puede tardar hasta dos años. En partidos judiciales donde no existen estos juzgados –capitales de provincia como Zamora donde los juzgados son mixtos, o partidos judiciales de importante población como Aranda de Duero o Medina del Campo–, estos procedimientos se hacen interminables «en tiempo, dinero y, sobre todo, desgaste personal, convierte los hogares en un polvorín», señala la letrada María José Sánchez, vocal en Castilla y León de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). En el partido judicial de Valladolid, donde hay tres juzgados especializados para una población de 454.299 habitantes, se reivindica desde hace tiempo al Ministerio de Justicia la creación de un cuarto juzgado de familia por el importante volumen de asuntos, que el efecto covid está ralentizando de tal manera que se están señalando vistas para abril del próximo año en demandas que se han presentado en cuanto los juzgados comenzaron a estar de nuevo operativos tras el parón decretado por el Gobierno. Así que hay juzgados que tardan más de un año en señalar la vista de medidas provisionales para que un padre o una madre vean a sus hijos o paguen la pensión de alimentos, un año que se añade al tiempo que necesita el juez para resolver.
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Compensación de visitas
Sánchez subraya que la situación se agrava en localidades donde no hay juzgados especializados. Incluso con procedimientos urgentes como los del régimen de visitas de los menores durante el confinamiento, el plazo máximo de 10 días para fijar la vista y establecer la medida se ha estirado meses. En Aranda de Duero, un padre separado hace ocho años, con una hija de 10 que vive habitualmente con la madre, planteó el 26 de mayo una demanda para la compensación de visitas, pues la progenitora se negó a que durante el primer estado de alarma la menor fuera al domicilio del padre (el punto de encuentro estuvo cerrado durante el confinamiento). Desde entonces lleva tres meses sin ver a la niña. El juzgado ha señalado la vista para el 24 de noviembre. Los diez días se han convertido en medio año, subraya el demandante, quien reconoce estar «aburrido» y «muy decepcionado con la Justicia». «A ver si tengo suerte y no me suspenden la vista», concluye escéptico.
«Llevo cinco vistas suspendidas y cuatro jueces para unas medidas provisionales»
Eduardo Vives es un padre separado que lleva dos años «fuera de casa» y un año y ocho meses tramitando su divorcio. Ya relató en marzo pasado su odisea particular para conseguir que la custodia compartida de su hija sea una realidad pero su procedimiento está «maldito». Desde el primer estado de alarma, su caso está siendo una epopeya, sostiene, porque ya son varias las suspensiones de las vistas que se han producido desde entonces en el juzgado que lleva su asunto. «Y eso que el divorcio fue de mutuo acuerdo, sin problemas de índole económica y solo se pidieron medidas provisionales, que se supone que son para agilizar el proceso, pero se ha convertido en una pesadilla». Vives dice que ya ni se enfada cuando le suspenden las vistas. «Primero se retrasó todo por la covid; luego nos pusieron juicio telemático pero se suspendió porque no habían avisado al equipo psicosocial; fijan otra vista dos meses y medio después y tampoco se celebra porque el abogado de la otra parte insiste en que tiene que interrogar a una de las psicólogas del equipo, que se había partido un tobillo y estaba de baja, luego otro retraso más... Me dan nueva fecha y el día antes la anulan... Con esta ya son cinco las vistas anuladas y han pasado cuatro jueces para el mismo asunto. Teníamos vistla última el martes pasado y el lunes nos dicen que el abogado de mi exmujer está en cuarentena. ¡Y todo esto por unas medidas provisionales, cuando el informe psicosocial, que tardó seis meses, es favorable a mí!», Y mientras, se lamenta este padre, «solo tengo a la niña los fines de semanas alternos y una tarde a la semana, por no hablar de que soy yo quien paga con la pensión de mi hija los informes periciales que encarga mi exmujer ¡y el detective que contrató!».
El 52% de la población de Castilla y León «está en desventaja«
Castilla y León solo dispone de siete juzgados de primera instancia especializados en asuntos de familia, lo que deja al 52% de la población (1.251.955 habitantes) en desventaja, pues las demoras son mayores. La situación, subraya el estudio realizado por AEAFA, se agrava en las provincias de Ávila, Soria, Segovia y Zamora, donde no existen estos juzgados especializados en crisis familiares. Tampoco en todas las audiencias provinciales tienen secciones especializadas, solo en Valladolid y Burgos. Para la presidenta de la Asociación, María Dolores Lozano, «esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que muchas veces potencian las situaciones de violencia de género y filoparental».
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