El juzgado exonera a un empresario de pagar 600.000 euros por un concurso individual

La ley de Concursos de 2015 establece la posibilidad de aplicarse no solo a entidades jurídicas o sociedades mercantiles, sino también a particulares, siempre que acrediten su insolvencia y como medio para dar una segunda oportunidad al deudor. En el caso del empresario vallisoletano, presentó el pasado año la solicitud de concurso individual como consecuencia de las deudas que había contraído a principios del año 2000 la empresa familiar a la que estaba vinculado, junto con sus hermanos. La mercantil se dedicaba a la comercialización y transporte de pescado en el territorio nacional, operando desde el polígono de Argales.

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valladolid declaró en 2002 la quiebra la empresa vallisoletana, y en posteriores sentencias firmes se declaró a E. R. responsable solidario por las deudas avaladas ante tres entidades financieras. Entre ellas se encontraban el BBVA, que le reclamaba 174.253 euros, y el Banco de Santander, con otros 272.976 euros. La reclamación de la deuda la completaban el fondo luxemburgués PL Salvador SARL, con otros 143.106 euros, y un centro comercial con 52 euros. En total 590.398 euros.

En su solicitud de concurso individual, el letrado de E. R. justificó su situación por las deudas que adquirió este empresario y sus hermanos, cuyos avales ante las entidades financieras se firmaron para garantizar las operaciones con las que hacer frente a las dificultades que la empresa de pescados tenía en ese momento. Sin embargo, aunque la familia y el empresario acudieron al sistema financiero no le facilitaron salir de la crisis por la que atravesaba, por lo que los bancos se convirtieron en sus principales acreedores ordinarios por los avales.

Según consta en el procedimiento aprobado por el magistrado de los Mercantil 1 de Valladolid, Javier Escarda, el afectado trató de llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores y dentro de sus posibilidades que, finalmente, no fue aceptado por las entidades.

Es en estas circunstancias en las que el abogado de E. R., Jesús Guinea presentó el año pasado la solicitud de concurso individual en el Juzgado, que recoge la ley para estos casos, y evitar que la deuda no suponga una rémora a futuro. Tras admitirse el procedimiento, el juez nombró a un administrador concursal que examinó toda la documentación con la que se declaró concurso no culpable.

Según recoge el artículo 174 de la ley del año 2015, cuando se declare el concurso se deberá comprobar si «el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa, salvo que el juez considere que estas cantidades estén garantizadas por un tercero de manera suficiente». Que no fue el caso del industrial.

Aunque el administrador concursal convocó la mediación a finales del pasado año con los acreedores, éstos comunicaron que no acudirían y se mantuvieron en la reclamación de la deuda, lo que permitió al afectado presentar la solicitud del concurso como persona física.

El magistrado de lo Mercantil ha acordado, después de comprobar con el informe del administrador que este deudor no tenía bienes ni derechos, la exoneración del pasivo contraído, trasladando su resolución al Registro Público Concursal. Allí deberá figurar inscrita durante cinco años para dar publicidad al acuerdo.