Justicia planea crear tres tribunales de instancia en Valladolid, Medina y Rioseco

«Es una reconversión brutal, muy compleja, pero hay que empezar, porque la estructura actual es absolutamente ineficiente». El juez decano de Valladolid, Emilio Vega, explica que en Medina y Rioseco cada uno de sus tribunales de instancia tendrán una única sección, civil y penal, mientras que en la capital las secciones serán de instrucción, civil, enjuiciamiento penal, de violencia contra la mujer, contenciosa-administrativa, social, vigilancia penitenciaria y menores. En principio, cada una de estas secciones estará integrada por los magistrados que ahora están al frente de los juzgados en solitario y serán reforzadas con el personal necesario en función de la carga de trabajo que tengan. Así, los seis magistrados que ahora son titulares en cada uno de los seis juzgados de instrucción que hay en Valladolid pasarían a integrar una sección del nuevo tribunal de instancia y ocurriría lo mismo con la veintena de magistrados de lo civil y, así, en el resto de jurisdicciones. Cada sección tendrá un presidente, que se ocupará de organizar el trabajo y de garantizar que se unifique doctrina. Para el funcionamiento de estos tribunales de instancia es preciso que se cree la nueva oficina judicial en Valladolid, aunque más perfeccionada que las que ya funcionan en León, Burgos y Palencia, que han sorteado numerosos problemas de funcionamiento. Esa oficina común, dirigida por letrados de la administración de justicia, se ocupará de centralizar y canalizar toda la tramitación y el papeleo, es decir, de todo lo que no sea juzgar y sentenciar.

Todo este cambio estará apoyado en la mejora tecnológica y telemática ya ensayada durante la pandemia, que tiene su reflejo ya en un dato, impensable hace tan solo dos años: de marzo de 2020 a marzo de 2021 se han celebrado en la provincia de Valladolid 5.617 juicios telemáticos y otras 1.397 actuaciones procesales diversas por videoconferencia.

El actual plan del Gobierno, a diferencia de los anteriores, no acaba con los decimonónicos partidos judiciales (algo que los operadores jurídicos más críticos consideran un fallo de entrada), mantiene las audiencias provinciales en las capitales, que en el borrador anterior desaparecían, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León permanecerá como órgano de apelación y sala de gobierno de los jueces de la comunidad. A nivel nacional, el Tribunal Supremo no se tocará, pero sí se reformará la Audiencia Nacional, donde desaparecerán los juzgados y se creará un tribunal central.

Para el magistrado Vega, que pertenece a la asociación judicial Francisco de Vitoria, «es necesario afrontar este cambio por eficiencia de medios: los tribunales de instancia posibilitan crear plazas donde se necesitan». Opina que hoy el principal «tapón» se crea en los juzgados unipersonales, que tienen que tener un juez, un letrado de la administración de Justicia (LAJ) y cierto número de funcionarios, independientemente de la carga que tengan, son juzgados estanco: ahora hay muchos con gran volumen de trabajo que exige dos jueces más peron no funcionarios o, por el contrario, sobra con dos o al revés, pero tal y como está organizado históricamente el sistema, la única posibilidad es crear un juzgado completo más. Lo que posibilitan los tribunales de instancia es dotar de recursos y personal donde realmente se necesita».

Lo que sí se lleva por delante el plan de modernización son los juzgados de paz, que van a ser sustituidos por las oficinas judiciales rurales. En la provincia de Valladolid son 16 las agrupaciones de paz, de un total de 152 en Castilla y León que suman 2.207 juzgados de paz. Cuántas nuevas oficinas se van a implantar y en qué municipios y si coincidirán con las actuales sedes es una incógnita. El Ministerio y la Federación de Municipios y Provincias están ya trabajando en ello. Estas oficinas servirán «para realizar trámites, notificar citaciones, practicar declaraciones por la vía del exhorto y realizar actos de comunicación para evitar desplazamientos de los vecinos a la cabecera del partido judicial», señala el juez decano de Valladolid. Con la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, estas oficinas tendrán más funciones.

Tras la presentación del plan de modernización por el ministro Juan Carlos Campo, las asociaciones judiciales, que en principio ven con buenos ojos la reforma, tienen hasta el 29 de mayo para plantear sus alegaciones y sugerencias al anteproyecto de la Ley de Eficiencia Organizativa. Es, apunta José Manuel Riesco, de Jueces y Juezas para la Democracia, el plan de reorganización más ambicioso desde que se crearon en 1988 los juzgados de lo penal. «Los tribunales de instancia son beneficiosos para la Administración de Justicia, porque se busca racionalizar el modelo para mayor eficiencia, aprovechando las tecnologías». Es partidario de la desaparición de los juzgados unipersonales «por eficacia y porque se unificarán criterios, además de un reparto más racional de la carga de trabajo». Aunque reconoce que se tiene que «aprender» de «los efectos negativos en la tramitación» detectados en las oficinas centralizadas ya existentes. Respecto de las oficinas rurales, entiende que «abrir una en cada municipio pequeño no tiene mucho sentido, pero habrá que arbitrar algún sistema que no repercuta negativamente en la fijación de población».

Luis Carlos Tejedor, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que de entrada señala que la APM no tiene aún una posición oficial, está a favor de los tribunales de instancia «porque permiten adecuar la plantilla como en un hospital, según las necesidades del servicio». Le preocupa la despersonalización de las oficinas comunes porque «la comunicación directa con el personal que permite resolver situaciones que requieren respuesta rápida, desaparece».

Para el juez de instrucción César Gil Margareto, de Foro Judicial Independiente, un escollo, que ya lo fue en el anterior intento, es «cómo y quién eligirá los presidentes de esos nuevos tribunales».

Mientras el anteproyecto de ley sigue su tramitación parlamentaria, Valladolid sigue reclamando al Ministerio a través del Tribunal Superior de Justicia que se creen nuevos juzgados de lo mercantil, social, familia y primera instancia ante la avalancha de asuntos que se prevé a raíz de la crisis económica derivada de la covid-19. En la sede judicial de Nicolás Salmerón, el inicio de las obras para acoger el segundo juzgado de lo mercantil es inminente.

No se ha decidido aún si el nuevo juzgado de lo mercantil ocupará la planta octava junto a los de las cláusulas suelo o se hará mudanza para que los dos mercantiles estén en la misma planta. Se reclama que entre en funcionamiento lo antes posible porque el primero está al borde del colapso, con un 200% por encima del módulo normal de trabajo, como en Madrid o Barcelona.