Es la segunda vez en una década (la primera fue para desbloquear el proyecto de la Ciudad de la Justicia) que los operadores jurídicos de Valladolid se unen y salen a la calle. Esta vez, la saturación por el tremendo atasco producto de más ... de cinco meses de huelgas encadenadas que han hecho mella en los despachos ha conseguido que, a la convocatoria de abogados y procuradores, se sumaran más de un centenar de operadores jurídicos. Funcionarios (hasta de Sanidad Csif, para apoyar) de todas las escalas, magistrados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, forenses, graduados sociales, todos ellos detrás de la misma pancarta: «La Justicia es una cuestión de Estado», es el lema de la concentración simultánea convocada en todas las sedes judiciales españolas para exigir al Ministerio que retome la negociación y solucione la huelga indefinida. En Valladolid, la protesta continuará mañana jueves a las 19:30 horas con una manifestación desde el Paseo de Zorrilla hasta los Juzgados de Angustias.
A día de hoy, la huelga de funcionarios, que reivindican una mejora retributiva (a la manera de letrados judiciales, jueces y fiscales) y que la ministra y jueza Pilar Llop ha dejado «para negociar después de las elecciones», se traduce en Valladolid en unas 7.500 demandas sin incoar en los juzgados de primera instancia, según indica el juez decano, Emilio Vega. Y por semana se suspenden entre 150 y 200 juicios, según las cifras que maneja la decana del Colegio de Procuradores, Mar Abril. En total, son miles de actos jurídicos paralizados que tendrán que retomarse con un horizonte que alcanza en algunas provincias el año 2027, «afortunadamente, este no es el caso de Valladolid», ha subrayado el decano de los abogados, Javier Martín.
«Excusa de mal pagador»
Juan José Banciella, presidente de Csif Justicia en Castilla y León, considera «lamentable» que el Ministerio «desprecie y haya dado la espalda» al 93% de los trabajadores de los Juzgados y exige que se vuelva a abrir la mesa de negociación. «Es necesario más que nunca un pacto de Estado para la Justicia». Para Banciella, el Gobierno «está utilizando una excusa de mal pagador con eso de que estamos en periodo electoral y está en funciones. En el último Consejo de Ministros ha establecido ayudas de miles de euros; está en funciones, pero no para todos. Se tiene que dar una solución».
Además de los ciudadanos que acuden a la Administración de Justicia y no pueden ejercer sus derechos, estos casi seis meses de huelga están repercutiendo de forma especial en los procuradores y los abogados. Señala el decano Javier Martín que «hay compañeros que no llegan a fin de mes y otros que se están planteando el cierre de despachos; el perjuicio está siendo grave e imposible de calcular». Además, el atasco que se está produciendo, advierte, es difícil de solucionar y el ciudadano necesita que la Justicia funcione«.
En el manifiesto, al que Martín ha dado lectura, los operadores jurídicos de Valladolid instan a todos los partidos políticos a «tomarse en serio» la Justicia y a no esperar a que se constituya el nuevo gobierno para resolver el problema. «La Agencia Tributaria y la Seguridad Social funcionan de maravilla porque interesa y la Justicia tenía que interesar, porque sin Justicia no hay estado, democracia ni libertad».
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