La Junta traza un plan de control a 10.000 temporeros como reacción al caos de Lérida

El de los trabajadores temporeros es un sector esencial en el campo de Castilla y León. Sin su concurso quedarían desatendidos la viña, la zanahoria, la patata, la fresa y otros cultivos de relevancia en la economía agrícola de la región, como reconocen organizaciones profesionales agrarias, sindicatos, empresas, agricultores autónomos y administraciones. «El temor a un rebrote del coronavirus en este sector existe al igual que en cualquier otro ámbito donde la industria desarrolle buena parte de su actividad durante el verano y, además, esté asociada a personas que cambian de lugar de trabajo y su procedencia es diversa, interactúan y comparten espacios», explica Ángel Ibáñez, consejero de Presidencia, desde cuyo departamento se cifra en 10.000 los temporeros que se mueven a lo largo del año por el campo de Castilla y León.

Ibáñez es el encargado de coordinar un grupo de trabajo encabezado por los titulares de cinco consejerías –Sanidad, Agricultura, Fomento y Medio Ambiente, Empleo y Familia en contacto con los delegados territoriales de las nueve provincias– con el cometido de compartir información respecto a la previsión de movimiento de personas que trabajan en campañas agrícolas y diseñar un plan de control.

«No se trata tanto de ser temerosos como de tratar de tener las herramientas perfectamente coordinadas para que en caso de que se pueda dar un rebrote –esperemos que no–, poder responder con la mayor celeridad posible; estamos tratando de trabajar de modo anticipado y actuar como la semana del 9 al 13 de marzo, cuando se veía la dimensión del problema que se nos venía encima con la covid; por eso hemos reunido a las consejerías que pueden tener mayor nivel de implicación», agrega el consejero.

La mano de obra extranjera que llega para trabajar en el campo en épocas puntuales del año se revela esencial para ciertas labores agrícolas en determinadas zonas de Castilla y León, con comarcas de Segovia y Ávila inmersas en la temporada de la fresa y mientras se prepara la vendimia y la recogida de patata de cara al final del verano y el otoño. «Preocupa lo ocurrido en Lérida, que vuelvan los contagios; en las cooperativas y empresas se están tomando medidas dispensando mascarillas y geles para evitar contagios y, en algún caso, se hacen test y se toma la temperatura a los trabajadores», apunta Jerónimo Lozano, director de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León.

Un estudio elaborado por Comisiones Obreras estima que en Castilla y León se ofertan más de 15.000 empleos de temporada, especialmente en Segovia, Ávila, Soria, Burgos y Valladolid. Solo en la provincia burgalesa la vendimia requiere la contratación de unas 4.000 personas durante veinte días, y otras tantas en Ávila y Segovia ocupadas en la campaña de la fresa entre junio y septiembre.

La cifra de contratos agrarios temporales entre junio del pasado año y mayo de 2020 es de 33.282, pudiendo encadenar cada trabajador varios contratos a lo largo de la misma temporada.

Según Comisiones Obreras, los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre de 2019 indican que más de la mitad de los trabajadores del campo proceden de otros países en provincias como Soria y Burgos y hasta el 85% en Segovia. En el conjunto de Castilla y León, el 17% de la población foránea afiliada a la Seguridad Social en el mes de octubre de 2019 figuraba en el Registro General del Sistema Agrario. «En la región las campañas agrícolas de temporada son importantes, aunque no tanto como en Lérida o Murcia», señala Cristina de la Torre Sanz, secretaria de Migraciones y Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Lamenta que no se aproveche la fuerza laboral estacional para fijar población en el medio rural. «Si las campañas se organizaran de manera coordinada, la gente podría ir rotando dentro del territorio», sugiere.

«La pandemia ha puesto de relieve la gran dependencia del trabajo temporero de personas extranjeras y eso es por algo; las condiciones laborales de los trabajos de temporada muchas veces no se cumplen, el convenio debería de haberse actualizado al salario mínimo interprofesional de 950 euros y solo en el de León se ha conseguido firmar esa mejora», reprocha Juan Manuel Ramos, de CC OO.

Desde los sindicatos, las organizaciones profesionales agrarias y la Junta de Castilla y León se está articulando un proyecto piloto que se pondrá en marcha en la Ribera del Duero durante la campaña de vendimia en septiembre, con vistas a garantizar los derechos laborales y la seguridad. En el sector se advierte de la existencia de empresas de contratación de ciudadanos extranjeros lideradas por compatriotas que operan como intermediarios incurriendo en ocasiones en abusos e irregularidades. En algunos casos la intermediación fraudulenta ha dado pie a que a los trabajadores se les prometa un sueldo que luego no se corresponde con el que perciben. «Se han dado casos de empresas que les contratan, les pagan menos, les cobran por el transporte hasta la viña o no cotizan lo debido y eso crea inseguridad», alega Dani Maestre, agricultor de la Ribera del Duero.

En oposición a estos casos, se reseñan otros de prácticas respetuosas con los recolectores que acuden a la recogida de cebolla en la comarca de Peñafiel, donde la mano de obra se desplaza en autocares y es alojada en casas rurales de la zona. «Propusimos a la Junta de Castilla y León un plan para articular sistemas de alojamiento para los temporeros; la administración tiene medios para aprovechar que ese empleo repercuta en las zonas rurales. Si la gente ve que se meten 20 trabajadores en una casa, que duermen en colchones tirados en el suelo, eso luego genera situaciones complicadas», se señala desde CC OO.

Para Aurelio González, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), no tiene sentido comparar lo sucedido en Lérida con el mercado temporero instalado en la región. «Aquí está todo más controlado, existe más estabilidad en las contrataciones, no hay tanta masificación y el trato en las explotaciones agrícolas y ganaderas es más familiar».

En la misma línea se expresa Nuria Revilla, trabajadora social de la oenegé Burgos Acoge. Desde hace años este colectivo pone el acento en la mejora de las condiciones de alojamiento y las medidas de prevención e higiene, exigencias si cabe más pertinentes en tiempos de pandemia. «Eso es lo que puede impedir brotes como el de Lérida; apenas hemos recibido demandas laborales en el sentido de que no se respeten derechos de los trabajadores inmigrantes. No suele haber prácticas abusivas, la relación con los agricultores que les contratan suele ser de confianza en la mayoría de los casos, sostenida por el conocimiento mutuo a lo largo del tiempo».

Sin rebajar la cautela, el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, confía en que las especiales características del campo castellano y leonés le hagan poco propicio a la extensión masiva de contagios. «En nuestras provincias el empleo campesino no suele estar masificado. Ha empezado la poda en verde en el viñedo, dentro de poco llegará la patata y seguramente este año se recurrirá más a la mano de obra nacional porque a las bolsas de empleo se ha apuntado mucha gente».

Para Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, el mercado temporero de la región «está menos expuesto que el de Lérida al no darse una acumulación tan grande de personal».

Desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León se recuerda que al inicio de la alerta sanitaria se convocó un comité de seguimiento del empleo agrario con representación de las administracions nacional y regional y las organizaciones profesionales agrarias. «Allí se planteó que si la situación de confinamiento se alargaba se necesitarían trabajadores de fuera para poder acometer la poda en verde, la vendimia y la recogida de la patata, pero no fue necesario echar mano más que de los esquiladores uruguayos, que vinieron con un permiso especial», recuerda Jesús García, director del Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno.

Sostiene García que la existencia de colonias ya asentadas de búlgaros, rumanos y marroquíes ha disminuido el flujo de temporeros en los últimos años, con lo cual, afirma «son gente que ya está aquí y no ha tenido que venir de fuera. El problema de Léridaes difícil que se reproduzca aqui».