La Junta reparcela el polígono Canal de Castilla en busca de su despegue

La Consejería de Economía y Hacienda que dirige Carlos Fernández Carriedo ha iniciado a través del Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) una modificación del plan para revisar los usos de las parcelas, redimensionar estas últimas y adecuar parámetros sobre tipología de actividades y cuestiones urbanísticas que faciliten el despegue de un enclave industrial de más de tres millones y medio de metros cuadrados en una localización estratégica: el entorno de Valladolid, junto a la Autovía de Castilla y el anillo de la ronda exterior que comunica todas las direcciones, a la vera del aeropuerto de Villanubla y de la futura estación de mercancías ferroviarias y del Parque Agroalimentario de la capital.

El polígono se diseñó con una realidad industrial, la de 2006, y debe adaptarse a otra, la de 2023 en adelante. «La modificación prevista, que se limita a una limitada intervención sobre el parcelario y la distribución de los usos previstos, tiene el objeto de permitir la ampliación de las actividades industriales existentes y la ubicación de nuevas empresas con necesidades específicas de superficie y edificabilidad que no tendrían cabida en la ordenación actual», subraya el documento de 115 páginas que encarrilla el retoque del área industrial.

«El objeto de esta modificación es adaptar la definición de los usos, así como su ubicación y dimensiones a las características de la demanda actual y sus perspectivas de desarrollo», añaden los redactores encargados de actualizar el que fuera uno de los proyectos industriales bandera de los primeros gobiernos de Juan Vicente Herrera en la Junta. Se da el contrasentido de que la actual planificación del área industrial dificulta la ampliación de algunas de las pocas empresas afincadas en un polígono que se caracteriza por el espacio disponible. Carretillas Mayor y Precon, planta que fabrica componentes de hormigón, son las firmas más visibles y casi únicas del macropolígono.

Esa cuestión de aportar mayor flexibilidad de uso y urbanística centra los cambios. El nuevo planeamiento contempla reducir las parcelas mínimas en alguna de las áreas a la mitad, «con el objeto de facilitar la implantación acorde con la demanda del mercado, de actividades con baja relación entre superficie y edificabilidad», justifican los técnicos redactores de la modificación.

Aquel proyecto estrella de hace casi dos décadas, resultó atropellado por la crisis económica. A eso se sumó una promoción tortuosa por parte de Ade Parques Tecnológicos, empresa de la Junta, con un proceso de expropiaciones en el que se dio cabida a intermediarios que compraban terrenos de labor a los agricultores para facilitárselos a la Administración autonómica, con demoras en el cobro, protestas y pagos aplazados a cuenta de terrenos industriales del propio polígono que hoy siguen pendientes para los propietarios que eligieron esa fórmula.

De hecho, la reactivación que promueve ahora el ICE prevé «una inversión de 8.010.000 euros en una primera fase, que finalizaría a principios de 2025, en la que se completaría la entrega de parcelas completamente urbanizadas a los antiguos propietarios que optaron por el pago en suelo por los terrenos aportados», trasladan fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.

Al frente del ICE está en este momento Augusto Cobos, que fue delegado territorial de la Junta en Valladolid en la legislatura del gobierno de coalición de PP y Cs. Conoce el proyecto del macropolígono y la tracción económica que su activación puede tener a nivel autónomico, para Valladolid capital y para los tres municipios que ceden término municipal al área industrial. Junto a él trabaja como técnico en el ICE Félix Romanos, conocedor del terreno porque ha sido jefe del Servicio de Fomento en la Delegación Territorial vallisoletana. Son las personas involucradas en la operación que intenta sacar el polígono del Canal de Castilla de la unidad de cuidados intensivos en la que lleva años aparcado, con obras para mantener la urbanización y vigilancia para evitar vandalismo y robos de cableado y elementos metálicos.

El plan de ruta actual prevé esa primera fase financiada con 8 millones de euros hasta 2025 y culminar el otoño del año siguiente la urbanización del resto de los terrenos, para lo que la Junta destinará 30,3 millones de euros, que se suman a los 53,43 que se han empleado hasta el momento en el 'Área de Actividad Canal de Castilla'.

El proyecto está pendiente de una obra que tiene su complicación. Completar el mecanismo de ingeniería del tanque de tormentas que debe desaguar en el Pisuerga. Para ello hay que canalizar el agua por debajo de la A-62, por debajo del Canal de Castilla, que es un bien de interés cultural, y por debajo de la vía del tren. Una infraestructura que se ocupará de sacar adelante Somacyl, la empresa pública autonómica que depende de la Consejería de Medio Ambiente. Vivienda y Ordenación del Territorio.

Los alcaldes de los municipios sobre los que se extienden las calles urbanizadas del macropolígono no pierden la esperanza de que el movimiento de la Junta para relanzar el proyecto del área industrial sea el definitivo. «Tengo constancia del problema que hay. Ojalá se saque adelante», asegura Jaime Rodríguez, que acaba de estrenarse como regidor de Cigales. El edil cigaleño confía en el aterrizaje de empresas en unos terrenos industriales que verían incrementada su proyección con la construcción del tercer carril a la Autovía de Castilla. Esa obra depende del Gobierno de la nación.

En el Consistorio de Cabezón de Pisuerga, Sergio García ha asistido como alcalde a varias reuniones con responsables del ICE para abordar el futuro del área industrial. «El mayor porcentaje de suelo para la instalación de industrias en el municipio está hipotecado en ese polígono», explica. El regidor del PSOE resalta que el lugar es «estratégicamente idóneo» para el asentamiento de empresas y que les han trasladado que hay interés en la compra de parcelas. «Estamos en manos del ICE», resume Sergio García, sobre la culminación de las obras pendientes y los cambios para adaptar la ordenación de los terrenos y los requisitos de construcción y uso al momento actual.

Tal y como está hoy, en el macropolígono no podrían instalarse operadores logísticos ni negocios que implicaran una venta directa al público. El almacenaje y la distribución se ciñen a actividades de clasificación y custodia de mercancías propias de usos industriales o de servicio a mayoristas. «A la vista de las evolución de la demanda de parcelas industriales no parece adecuado limitar las actividades de clasificación y custodia de las mercancías exclusivamente a las propias, puesto que excluiría a los operadores de logística», argumenta el documento de reforma.

El sector logístico, de manejo de componentes y mercancías, es uno de los que presentan más proyección y la modificación persigue poner a disposición de estas empresas terrenos muy cerca de las plataformas a las que llegarán los trenes de carga.

La reforma abre la puerta a edificaciones de mayor altura necesarias para algunas actividades en parcelas de más de 100.000 metros cuadrados, donde el límite pasa de 13 a 25 metros. Todo con el objetivo de facilitar la implantación de empresas y la generación de empleo, que pasa por desfibrilar un polígono que hasta ahora no ha dado síntomas de vitalidad.