El juez José María Crespo, director general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios

La designación del juez, nacido en Valladolid en 1966, supone el 'desembarco' del segundo miembro de la carrera judicial en la estructura de Gobierno regional (después de la renovación del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, exjuez decano de León, que ya ha estado en el anterior gabinete de Juan Vicente Herrera).

José María Crespo de Pablo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid (1989), e ingresó en la carrera judicial en 1991. Su primer destino durante cinco años fue el Juzgado mixto de Cuéllar (Segovia) y de allí al Juzgado de lo Social 2 de Cáceres, entre 1997 y 1999.

Este último año, el Poder Judicial le adjudicó la plaza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Palencia, en donde permaneció hasta octubre de 2003, que marchó para ocupar el puesto en Instrucción número 1 de Valladolid, dejado por la también magistrada, Felisa Herrero, a quién el Gobierno de Juan Vicente Herrera designó en 2004 al frente de la Gerencia Regional de Justicia.

Previamente, Herrero había sido hasta ese año directora general de Atención al Ciudadano y Modernización Administrativa, un área similar a la que ocupará Crespo a partir de ahora.

José María Crespo, que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, ha sido uno de los seis aspirantes a la presidencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, que recientemente dejó por jubilación Feliciano Trebolle.

Los compañeros de la judicatura que han trabajado con él le definen como «un juez que no se puede estar quieto», y buena prueba de ello lo corroboran los casos en los que en más de una década ha sido instructor. Muchos de ellos relacionados con el mal funcionamiento de las administraciones públicas (consejerías y ayuntamientos de la provincia de Valladolid), o el desvío del poder por parte de funcionarios o cargos políticos.

En 2006 comenzó a instruir el llamado 'caso Arroyo', que concluyó con la condena por prevaricación urbanística del alcalde de ese municipio, José Manuel Méndez, el constructor de Mahía, Ramón López Casal, y el arquitecto municipal, Buenaventura Conde.

También fue el instructor de las diligencias contra el jefe de Minas de Valladolid, que acabaron con condena de prisión por cohecho después de la denuncia realizada por empresarios del sector de los áridos a las que presionaba para obtener dádivas.

Otros de los casos que asumió, aunque la Audiencia de Valladolid confirmó este año la absolución de los procesados, fue el de los 4 acusados de amañar la variante de Guardo (Palencia). Entre ellos, dos funcionarios de la Consejería de Fomento y los administradores de las empresas Eipsa y Civil 4, que fueron acusados de haber «preparado» y «concertado» el concurso público para adjudicar la dirección facultativa de la variante de Guardo.

En los últimos años ha investigado las filtraciones en las preguntas del examen celebrado el 2 de octubre de 2016 para la provisión de una docena de plazas de conductor de bombero en la Diputación de Valladolid, con 16 imputados.

También cayó en su Juzgado la denuncia de la Fiscalía presentada por el PP y el PSOE contra la exalcaldesa de Boecillo por Ciudadanos, María Ángeles Rincón, como supuesta autora de varios delitos de prevaricación en julio de 2018, por la adjudicación de unas obras.

Este procedimiento está sin concluir, al igual que el referido contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio García de Coca, por las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Su designación para la Junta en servicios especiales conllevará que se quede vacante el Juzgado de Instrucción número 1 con asuntos en tramitación, como la supuesta trama de favores de un agente de la Guardia Civil adscrito a la comandancia de Valladolid.

Según la normativa del Poder Judicial, el juez vallisoletano conservará su plaza actual mientras el tiempo en el que esté en política.