La Junta interviene un geriátrico de Burgos con 48 residentes por falta de personal y medios

Desde hoy, el centro, que está gestionado por la Asociación Valle del Cuco, tendrá al frente a la directora del centro de día Arco Pajarito de Aranda, designada por el Gobierno autonómico. También entrará personal de refuerzo, según fuentes de la Consejería de Familia. Con una plantilla de 23 personas completamente diezmada por el coronavirus, en el centro permanecen 48 residentes, 15 de los cuales ayer estarían aislados y bajo sospecha de infección por el Covid-19.

Según informaron fuentes próximas al centro, la falta de personal ha sido un problema endémico de esta residencia, que siempre habría tenido dificultades para mantener a los trabajadores y donde ahora están varias empleadas en cuarentena domiciliaria con síntomas, entre ellas, la directora.

Al mismo tiempo que la Junta se ha hecho con el timón de este centro asistencial burgalés, ha remitido un informe a la Fiscalía por si pudieran derivarse responsabilidades penales. Fuentes de la Fiscalía Superior de Castilla y León explicaron al respecto que, en principio, el fiscal delegado Javier Gutiérrez está coordinando el seguimiento general que se está realizando sobre las 810 residencias de la comunidad autónoma, pero por el momento no se ha abierto ninguna diligencia de investigación penal. «Son situaciones anómalas y graves las que se están viviendo en las residencias por el coronavirus, pero eso no quiere decir que sean delictivas, como lo serían si se produjeran, por ejemplo, casos de abandono o negligencia. En todo caso, se está pidiendo información en residencias donde se está produciendo una excesiva incidencia», señalaron ayer dichas fuentes. Por el momento, se han recibido dos denuncias del Defensor del Paciente, que han sido derivadas, respectivamente, a las Fiscalías de Segovia y Valladolid, que decidirán si continúan el trámite judicial o las archivan.

La denuncia del Defensor del Paciente sobre la situación que se está viviendo en la Casa de Beneficencia de Valladolid está siendo valorada por la Fiscalía, por si pudieran derivarse indicios de delito respecto de la gestión de la crisis del coronavirus y la falta de personal y medios. Este centro geriátrico es el más golpeado por la epidemia en la provincia, con doce muertes, tres de las cuales se han sucedido desde el pasado martes. Además hay otros cincuenta residentes con síntomas en aislamiento y otros tres en estado muy grave, según informan fuentes próximas al centro. Los últimos datos publicados por la Junta revelan que son ya 101 los ancianos fallecidos en las residencias de la región y 442 casos positivos.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado la petición de la Junta para que la autoridad judicial diera el visto bueno a la propuesta de intervenir todas las residencias de ancianos durante la emergencia sanitaria. La resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Valladolid desestima el recurso de la Administración regional contra la resolución del Juzgado de Instrucción 5, que ya había denegado la petición, porque «los jueces solo pueden pronunciarse sobre la legalidad de las medidas que afectan a los derechos fundamentales cuando estas ya han sido aprobadas». Y la Orden todavía no lo está.