La Junta culpa al Gobierno de una tramitación masiva y muy compleja

Fuentes del departamento que dirige el consejero Carlos Fernández Carriedo destacan que los propios datos que manejaba el Gobierno de la nación en junio situaban a Castilla y León como la cuarta comunidad de España con mejores datos de gestión de estas líneas de ayuda, al haber resuelto «un 59% de resoluciones respecto del presupuesto asignado», cuando la media del conjunto de las autonomías era del 47%.

Desde la Junta de Castilla y León remarcan que a los numerosos documentos y comprobaciones que se exigen a los solicitantes hay que sumar un proceso en el que el Ministerio para la Transición Ecológica ha ido notificando ampliaciones presupuestarias desde el año 2021, algunas como más de dos años de diferencia. Eso repercute en la tramitación, porque solicitudes que no se habían atendido por agotamiento de fondos han tenido que ser repescadas. Todo ello incide en el aumento de peticiones por parte de los tramitadores de subsanaciones de documentación a los ciudadanos. Para facilitar esas nuevas aportaciones de aclaración de datos y documentos se amplió el plazo de tres a seis meses.

El Ente Regional de la Energía había recibido a fecha del 31 de diciembre de 2023 solicitudes de estas ayudas por valor de 199 millones de euros, de los que la Junta podía atender hasta 117,8 millones de euros. Con ese dinero se podrían pagar 16.915 peticiones de subvención.

Desde el equipo de Fernández Carriedo remarcan que no han hecho dejación en la tramitación. Empezaron con tres personas para analizar las solicitudes y han aumentado hasta 30, resaltan. En el intento de agilizar la tramitación, desde la Junta recuerdan que demandaron de forma reiterada al Gobierno una simplificación de la documentación y los requisitos que exigía el Ministerio, algo que lograron en la parte de los documentos de justificación que debían presentar los beneficiarios para poder cobrar la subvención.