Los juicios rápidos por violencia de género se disparan a 410 en Valladolid
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La mayoría de las denuncias son por insultos, vejaciones y amenazas en el contexto de parejas al borde de la ruptura sentimentalTribunales ·
La mayoría de las denuncias son por insultos, vejaciones y amenazas en el contexto de parejas al borde de la ruptura sentimentalEl Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid ha incoado 410 procedimientos de juicios rápidos y todavía no ha terminado el año. Según la estadística que maneja el juez especializado y decano de los jueces vallisoletanos, Emilio Vega, los juicios rápidos celebrados se han ... disparado desde el pasado mes de enero y la perspectiva que se baraja es que se duplique esta cifra al cierre del año, con lo que se superarían con creces los datos de pre y pospandemia. Este pasado lunes, el último día 'hábil' en la Administración de Justicia antes de las vacaciones de agosto, el magistrado presidió ocho de estos juicios rápidos, aunque si bien este elevado número se arrastra de las denuncias registradas durante la guardia del fin de semana.
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La mayoría de los asuntos de violencia de género que se dirimen en estos juicios rápidos son insultos, amenazas y vejaciones y es muy bajo el número de casos de agresiones o maltrato físico. Así lo corroboran letrados especializados en asuntos de violencia de género consultados, quienes apuntan que lo que más está llegando a los bufetes son denuncias de maltrato en el contexto de parejas muy desgastadas que están al borde de la ruptura o en trámites de separación o divorcio. «Son casos de convivencia muy deteriorada, en los que ambas partes se insultan y pelean con frecuencia y que muchas veces podrían resolverse con la mediación familiar o en la jurisdicción civil, con un divorcio», indican estas fuentes.
«¡No me levantes la voz, que vas al juzgado de violencia!» es la frase recurrente que sale a relucir en muchos de estos procedimientos, reconocen los abogados. La amenaza de denunciar por maltrato si el marido no se aviene a los deseos de la mujer en relación a la custodia de los hijos o el reparto de bienes no es, ni mucho menos, excepcional en estos casos, indica el abogado Jaime Sanz. El director del bufete Safe Abogados indica que, «desgraciadamente, muchas de las denuncias de maltrato que vemos son, en realidad, un instrumento para no dar la custodia compartida y se producen antes o después de que la pareja se rompa».
Así, la mayoría de estos asuntos de delitos de maltrato no pueden desligarse de los procedimientos civiles que tratan los juzgados de Familia donde, en este año que ha estado marcado por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios, la actividad, por el contrario, ha sido incesante y «apenas se ha notado la huelga», apostilla Sanz. «De hecho, nosotros en este campo de separaciones y divorcios hemos duplicado la facturación». Se solicitan al juzgado muchos cambios de medidas (pensión de alimentos, uso de la vivienda, régimen de visitas...) desde que la custodia compartida de los hijos ha dejado de ser una excepción para ser la norma frente a la custodia exclusiva de los menores por parte de uno de los progenitores.
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«Ahora la gente denuncia a la mínima, hay mucha pareja tóxica», advierte el abogado. Y recuerda que «hay que tener en cuenta que ahora, con los artículos 92.7 y 94 del Código Civil, en cuanto hay una condena para el progenitor, se le retira la custodia compartida». Según refiere el primero de estos artículos, «no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos».
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El otro artículo al que se refiere Sanz se refiere al régimen de visitas y determina que este «no se establecerá o se suspenderá respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos». Tampoco procederá «cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género». Aunque el juez podrá establecer un régimen de visitas, comunicación o estancia «en una resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial».
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La abogada Marta Díaz, que es una de las letradas más veteranas en la asistencia legal en casos de maltrato y ejerce desde que se creó el juzgado específico de Violencia sobre la Mujer de Valladolid, está en el turno de violencia de género del Colegio de Abogados y también en el de juicios rápidos. Este martes ejerce precisamente en este turno, aunque no lleva un caso de violencia de género sino de seguridad vial. Ella coincide con el resto de operadores jurídicos consultados en el mayor volumen de asuntos de supuesto maltrato que llegan al juzgado vallisoletano son de escasa entidad, casi siempre producto de «discusiones verbales de parejas que están excesivamente crispadas» y por ello, considera que «hay que tener siempre en cuenta el contexto» en el que estas disputas ocurren y desembocan en denuncia.
Según los últimos datos recogidos en el Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, durante el año 2022 se dictaron en los juzgados de la provincia de Valladolid un total de 464 órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia machista. La mayoría, 399, fueron acordadas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer del partido judicial de la capital vallisoletana; 13 de ellas, por el Juzgado de Medina de Rioseco y otras 52, por el Juzgado de Medina del Campo. En el histórico correspondiente a la provincia de Valladolid desde el año 2009, fecha en la que comenzaron los registros, los juzgados dictaron 5.826 medidas de protección en procedimientos de maltrato.
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