A juicio un abogado de Valladolid por quedarse con el piso de una clienta

El juicio por estos hechos será visto en la Audiencia Provincial pero con una sala formada por magistrados ajenos a sus dos secciones de lo Penal, al haber resuelto sus integrantes distintos recursos en la fase de instrucción.

Tanto el fiscal del caso como la acusación particular imputan al letrado un delito de estafa, con peticiones, por el mismo orden, de cinco y seis años de prisión, así como, en el caso de la acusación pública, el pago de una multa de 2.160 euros y la nulidad del contrato de compraventa de la vivienda suscrito entre el acusado y la anciana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El proceso judicial entrará así en julio en la fase definitiva, después de sendos sobreseimientos acordados por el Juzgado de Instrucción 3 de la capital -con otras tantas reaperturas dictadas por la Audiencia Provincial-que la instructora justificó en la falta de indicios bastantes de criminalidad frente al investigado y en la imposibilidad de haber podido tomar declaración a la supuesta perjudicada, María R. F., quien presentó denuncia el 27 de diciembre de 2018 pero falleció el 14 de marzo de 2019.

Según sostiene el fiscal, en fecha que no se ha determinado, pero durante el año 2012, María R. F., de 75 años, se puso en contacto con el ahora acusado, J. R. S., con el fin de consultar la posible solución a los problemas que tenía en su vivienda, sita en la calle Arzobispo Marcelo González, motivados por los humos que generaba la caldera del piso inferior.

El acusado, siempre según la tesis de la acusación pública, se dio cuenta de que María era soltera, vivía sola y carecía de familia próxima, y por eso le hizo creer que el problema de humos que ella quería resolver presentaba gran complejidad y que el coste de los trámites que iba a realizar alcanzaría los 60.000 euros.

De hecho, para la solución de dichos conflictos, la anciana, con la asistencia letrada del acusado, presentó demandas ante la jurisdicción civil y en vía contencioso-administrativa, realizando también reclamaciones en otras instancias, lo que generó facturas correspondientes a costas, consultas, desplazamientos y otros servicios jurídicos cuyo coste total el acusado estimó en la cantidad de 68.194,08 euros.

Dado que la anciana no disponía del dinero, el acusado la convenció para firmar un contrato de compraventa respecto de la vivienda de la que era propietaria y que se suscribió el día 22 de marzo de 2013, en cuyas estipulaciones consta que ella le vendía al acusado la citada vivienda por un precio de 60.000 euros, cantidad en la que se concreta el importe total de los honorarios de abogado, procurador y peritos necesarios para poder solucionar el problema de humos.

Sin embargo, la tasación pericial obrante en la causa constata que en marzo de 2013 el inmueble tenía un valor medio de 134.942,72 euros, sin impuestos. En el referido contrato, María se reservaba el usufructo vitalicio de la vivienda y el acusado se comprometía a hacer frente a los gastos médicos y de residencia, si fuera necesario, que pudiera tener la propietaria, hasta un límite máximo de 30.000 euros.

En caso de que dichos gastos rebasaran dicho límite, María autorizaba al acusado a alquilar la vivienda y destinar el importe obtenido a los gastos de ella.

En el lado opuesto, el letrado acusado sostiene que todo el proceso se fundamenta en una denuncia completamente falsa interpuesta por el sobrino de la anciana, pues ni la acusación particular ni el Ministerio Fiscal reclaman importe alguno.

Mantiene que el sobrino de la anciana no tenía relación alguna desde hacía varios años con ella y le acusa de haber puesto a su nombre, el 30 de junio de 2020, la vivienda por la que ahora denuncia, utilizando un testamento notarial que ha sido declarado nulo por el juzgado.

De haberse conocido dicho extremo por la Sala y el Ministerio Fiscal, el letrado denunciado mantiene que no le habrían imputado y el asunto se hubiera sobreseído hace mucho tiempo. Y es que, como así añade, al no haber existido disposición patrimonial por su parte ni perjuicio patrimonial hacia el denunciante, no puede existir el delito de estafa que se le está imputando.

De hecho, recuerda que la Sección 4ª de la Audiencia Provincial siempre ha defendido que el asunto se debía de resolver en la vía civil, en concreto en el proceso civil que se sigue en la localidad gallega de Mondoñedo y que se encuentra paralizado por el pleito penal.

También el Juzgado de Primera Instancia 11, por auto de fecha 17 de diciembre de 2019, señala que el piso de la anciana no ha estado nunca en posesión del letrado denunciado, al no haberse transmitido la propiedad.

Respecto de la vivienda en cuestión, el acusado indica que la valoración de la vivienda, que ha sido realizada por un ingeniero técnico industrial, no es correcta. Según valoración de una arquitecta de la Junta de Castilla y León, dicho inmueble tendría un valor de mercado de 70.292 euros. Además, y teniendo en cuenta que cuando se firmó el contrato tenía un serio problema de entrada de humos en toda la vivienda y no podía ser utilizada durante los meses de otoño e invierno, en esas fechas su precio se habría reducido a la mitad.

Pero además, el acusado sostiene que el sobrino denunciante está siendo investigado por parte del Juzgado de Mondoñedo y varios juzgados de Valladolid por la detención ilegal de su tía, maltrato, suplantación de la identidad en una notaría de Castropol y apropiación indebida de todos sus bienes.