La jueza que investiga las obras de la Plaza de Toros de Íscar incorpora a otro implicado

El empresario, Luis G. Ch. , responsable de la mercantil Mego S.A, con sede en Cáceres, testificará desde dicha localidad extremeña, por el sistema de videoconferencia, a partir de las 11.00 horas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Su nombre se suma así al de los otros tres investigados que figuran inmersos en las diligencias por prevaricación y malversación, el excalcalde de Íscar, Alejandro García Sanz; el que fuera concejal de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez. Los dos primeros testificaron el pasado día 7 de junio y el tecero está aún pendiente de hacerlo, tras haber cambiado de abogado.

Tanto el exregidor como su concejal de Urbanismo alegaron desconocer que era preciso licitar cada uno de los modificados de las obras del Centro Multiusos de la villa por exceder su importe el 20% permitido, proyecto que pasó de los 2.300.000 euros inicialmente presupuestados a 5.150.000 euros, al tiempo que reconocieron que las obras iniciadas en 2006 ya presentaron importantes dificultades, fundamentalmente en la cimentación o zapatas, y que fue preciso realizar numerosos mofidicados de obra que no contaron con expediente alguno.

El único expediente es el relativo en 2007 a la reforma de las barreras y contrabarreras, debido a su mal estado, que no estaban incluidas en el proyecto y que se tradujeron en un sobrecoste de 400.000 euros, si bien a partir de entonces no se encuentra otro hasta que en 2009, prácticamente con las obras ya concluidas, se elabora uno de precios contradictorios para ajustar cantidades.

Los dos investigadores apuntaron que hasta 2009 no contaron con informes del secretario y del interventor municipales que advertían de que la tramitación de las obras pudiera ser irregular pues hasta entonces el arquitecto municipal y director de obra, el también investigado José Luis Pérez, aseguraba que todo estaba correcto y justificado, y ello a pesar de que aquellos modificados cuyo importe excedían un 20% tenían que haber salido a concurso en lugar de ser acometidos por la misma empresa adjudicataria del proyecto.

La juez del caso interpeló entonces al exalcalde y al exconcejal de Urbanismo por las razones que les llevaron a no variar el procedimiento a pesar de que a partir de 2009 ya fueron advertidos de ello, ante lo cual los investigados, quienes coincidieron en que su gran preocupación era la seguridad de las instalaciones, sostienen que para entonces ya habían finalizado casi las obras y era preciso pagar para evitar el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento.

El letrado de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Íscar, replicó que las explicaciones de los dos investigados demuestran que no hubo control alguno en la ejecución de las obras, y ello a pesar de que desde el primer momento fueron conscientes de su complejidad y de que se iba a duplicar el gasto.

El acusador sostuvo que el proceder de los investigados impidió la libre concurrencia de otros empresarios a los sucesivos modificados de obra, que tenían que haber sido licitados a exceder su importe los límites establecidos, y puso el acento además en la conducta del arquitecto municipal, que cobraba un sueldo como tal del Ayuntamiento y además un 4% por cada certificación de obra, hasta un total de 400.000 euros.

La investigación tiene su origen en la auditoría que el actual equipo de gobierno, dirigido por Luis María Martín García, encargó a una empresa externa sobre la gestión del anterior alcalde.

El estudio de las cuentas entre 2002 y 2015 elaborado por la empresa NuVe Consulting fue puesto directamente por el equipo de gobierno en manos de la Fiscalía ante la existencia de posibles irregularidades y ésta acordó remitir la auditoría a un juzgado para la instrucción de las pertinentes diligencias, que en este caso han recaído en el número 5.

En el capítulo de recomendaciones del auditor externo se aconsejaba al nuevo equipo poner en manos de la Justicia las obras de la Plaza de Toros, también denominada Centro Multiusos, cuyo presupuesto inicial era de 2,3 millones de euros y finalmente se disparó hasta los 5 millones, de los que el Consistorio afrontó de sus propios fondos 3,8 millones y el resto, 1,9, vía subvenciones (el 34%).

La empresa auditora constata la existencia de un único contrato inicial adjudicado y «numerosas e importantes desviaciones» y «modificaciones sustanciales» del mismo que, a priori, superan los límites permitidos del 20 por ciento, por los que éstas tendrían que haber salido a concurso público, en lugar de ser ejecutadas por la misma empresa.

En el informe se advierte de que el director de obra no tiene capacidad de modificar el contrato, sino de proponer su modificación al órgano de contratación--el pleno--, que es el que debe aprobar el proyecto modificado, algo que no se realizó en este caso pese a los informes en contra de Intervención (7-07-2009) y Secretaría (09-07-2009) y que por ello sería motivo o causa para la resolución del contrato.