La jueza autoriza un estudio caligráfico de las libretas del chantajista de los ataúdes de Valladolid

Ahora, la magistrada instructora ha decidido permitir que estos cuadernillos sean puestos a disposición de la defensa para que se tome muestra de escritura al extrabajador y se realice la prueba pericial caligráfica que habían solicitado hace meses. El objetivo es que un perito de parte determine si esas anotaciones se realizaron en veinte años o bien, como cree la representación legal de los Morchón, fue «un montaje realizado en los últimos cinco años en que el empleado estuvo en la empresa, unas anotaciones fabricadas aprovechando que todo el mundo tenía acceso a los archivadores y a los expedientes en la oficina de Santovenia».

Justo M. G., que es uno de los 25 investigados de la causa de los ataúdes, compareció en sede judicial el 2 febrero de 2019, dos días después de saltar la operación Ignis con los 15 primeros detenidos y los registros simultáneos en las oficinas de Funeraria Castellana, el tanatorio Parque Salvador, el cementerio de Santovenia y los domicilios particulares. Cuando la magistrada Teresa Javato le preguntó desde cuándo había empezado a realizar las anotaciones en las libretas y el motivo, el exencargado de los servicios de incineración de Santovenia desde 1995 hasta su jubilación en 2007, le contestó: «No lo sé. Tal vez por la soledad...». Fue mucho más concreto cuando el fiscal del caso, Raúl Fernández del Olmo, le interrogó sobre el 'modus operandi'. «Me dijeron que se cambiaban todas las cajas que se podían, las he cambiado incluso con él (Morchón padre), que siempre andaba por allí, lo agarraba enseguida, nunca se apartaba». El investigado aseguró en su declaración que «todos lo sabían» y que los cadáveres «se dejaban en otras cajas de aglomerado».

El representante del ministerio público le preguntó después que si quienes participaban eran «gente de confianza», a lo que Justo contestó: «No es que fuéramos o no de confianza, es que estábamos acojonados, siempre estaba con la amenaza de que nos iba a despedir. Nosotros le teníamos miedo a él porque siempre nos amenazaba con el despido». Y concluyó, a preguntas de su letrada, que ninguno de ellos «había recibido nada» por realizar estas prácticas.

Entre los trabajadores de la empresa que señaló como ejecutores de este trasvase de cuerpos «que era tenido como algo normal» está el último de los investigados, que ha sido llamado a declarar por la instructora para el próximo 7 de febrero: Antonio P. V., un familiar del propietario del emporio funerario –casi todos los trabajadores de las empresas de Morchón tienen algún nexo consanguíneo o de amistad con el creador de la firma–. El fiscal había solicitado su declaración como investigado sobre la base de las manifestaciones, en sede judicial, no solo de Justo, sino de otros investigados y testigos que le señalaron como una de las personas que habían participado en «la ilegal práctica de sus tracción de los féretros de los difuntos antes de la incineración, para una nueva venta posterior». Así que la jueza le ha citado por su posible participación en el delito continuado de apropiación indebida, estafa, organización criminal y contra el respeto a los difuntos.

Ya han pasado por sede judicial, desde febrero pasado, la veintena de investigados, incluidos los tres únicos que fueron a prisión: Morchón padre, su hijo Ignacio, gerente de las empresas desde la jubilación del fundador de la marca y Laura, la hija pequeña. En la actualidad, y tras el pago de elevadas fianzas hipotecarias que suman más de 1,2 millones de euros, permanecen en libertad aunque tienen que personarse en el juzgado periódicamente. El último en salir, el pasado junio, fue el iniciador de la saga, tras avalar con otros tres pisos la fianza de 800.000 euros impuesta por la jueza en previsión de las responsabilidades civiles que se le podrían exigir.

Por dos veces se le ha autorizado a la magistrada una jueza de refuerzo para descargarle de trabajo, pues esta macrocausa no es el único caso mediático que ha recaído en su juzgado. La refuerzo se ocupa de celebrar los juicios por delitos leves (antiguas faltas). Pero, para que la instrucción avance significativamente este año, queda que la Policía y Vigilancia Aduanera completen sus informes económicos que implican, entre otras cosas comprobar precios de los féretros, uno por uno, de los servicios vendidos para la incineración durante veinte años. «Es muy complejo», apostilla la fiscal jefe, Soledad Martín, «dado el ingente volumen de la documentación incautada y el cotejo de datos que tienen que realizar del volcado de los ordenadores». También las acusaciones particulares –que representan, entre los dos bufetes personados, a cerca de un centenar de perjudicados de los 900 del listado policial que maneja la Fiscalía–, se mantienen a la expectativa de este informe y de lo que pueda deparar el peritaje caligráfico de las libretas de Justo. «Una pericial a la que nos hemos opuesto», puntualizan Bárbara Royo y Miguel Becerro, de Urraza, Mendieta y Asociados.

Este bufete madrileño representa a medio centenar de familiares perjudicados y también se ha opuesto a otras peticiones de la defensa, como que se archive el caso respecto de buena parte de los trabajadores y de algunos miembros de la familia Morchón, como la esposa del empresario y una de las hijas. La Audiencia de Valladolid tendrá que pronunciarse sobre estos recursos, al igual que sobre la petición, también del equipo jurídico defensor, para que se excluya del procedimiento como perjudicados a los clientes que solo reclaman daños morales y los que contrataron con seguro. De admitirlo el tribunal, se quedarían fuera del caso más de la mitad de los 6.000 afectados.

La familia Morchón y los trabajadores de Funeraria Castellana, califican de «un año de calvario» los días transcurridos desde que agentes de la policía judicial entraron en oficinas y domicilios «para detener a más de una docena de ciudadanos solo porque un antiguo compañero de trabajo puso de manifiesto una serie de disparates a los que se dio pábulo de manera incomprensible por ciertas autoridades públicas, obviando que estaba condenado por extorsión y que todo lo ha hecho con el único ánimo de enriquecerse criminalmente», refieren en un comunicado.Insisten en el «daño irreversible» que durante este tiempo de «la gran estafa de los ataúdes» se les ha generado «no solo en el entorno social, sino también en el económico y laboral, que llevó a ejecutar un ERTE en una empresa que mantiene el empleo de un buen número de familias de la provincia». Y critican «la pasividad del Cuerpo investigador» en todo este tiempo, por la demora en entregar los informes. Sostienen los investigados que desde que Justo M. fue detenido, se han limitado a «inflar» una causa contra la familia Morchón que, «en realidad, no tiene fundamento, lo que ha quedado demostrado a lo largo de la instrucción en 2019, con más de veinte testigos, cuatro peritos y las declaraciones de los investigados, que han explicado con detalle que nada de lo que se cuenta es nisiquiera parecido a la realidad». En lo único en que todos coinciden es que el caso va para largo.