La jueza del caso de los ataúdes deniega la apertura de ocho urnas solicitada por familiares para analizar las cenizas

Esta acusación particular había pedido al juzgado que encargara un informe pericial para analizar si las cenizas de estos difuntos que se custodian en el cementerio de Santovenia tienen «restos humanos y no otra cosa». Algunos de los familiares que solicitaron esta prueba declararán el próximo lunes como perjudicados en las diligencias que se siguen para esclarecer si cerca de estos 6.000 féretros destinados a la incineración, e incluso los arreglos florales, fueron sustituidos por otros de inferior calidad en la funeraria Parque El Salvador. Una práctica fraudulenta que se habría sucedido durante veinte años, según sostienen los investigadores policiales de la operación Ignis, que estalló el pasado enero con una veintena de investigados y que llevó al fundador del imperio funerario, Ignacio Morchón, y a dos des sus hijos, a la prisión de Villanubla, aunque ya se encuentra en libertad provisional tras hacer frente a fianzas hipotecarias que suman en total 1,8 millones de euros.

Estos perjudicados decidieron solicitar el análisis de las cenizas después de que el pasado 10 de mayo uno de los empleados veteranos de la funeraria declarara que los restos eran entregados en el mismo momento en el que finalizaban las incineraciones «dejando un margen de 15 minutos para que se enfriaran correctamente». Una declaración que contrasta con las manifestaciones realizadas por sus representados, explicó Becerro, «quienes nos contaron que las cenizas las recibieron al día siguiente o días más tarde de las incineraciones«. Dos de los perjudicados las habrían recibido cuatro días más tarde, »estando calientes en el momento de recibirlas«.

En la treintena de cuadernos llenos de datos recopilados minuciosamente por Justo Martín, el extrabajador que fue condenado en 2018 por sentencia firme a una multa de 1.000 euros por extorsionar a su exjefe Ignacio Morchón, y que da origen a la actual investigación judicial, se hace referencia, no solo a que se habrían sustituido ataúdes de lujo por otros de mucha menor calidad y que, incluso, se incineraba al difunto sobre la tapa, sino que también se habría producido «reparto» de cenizas entre urnas de distintos clientes y no las del finado «porque todavía estaban calientes y la familia tenía prisa».

En la sentencia que condena al exempleado, que trabajó en Parque El Salvador desde 1995 hasta que se jubiló en febrero de 2015 y se ocupó del crematorio del cementerio de Santovenia de Pisuerga, se considera probado que quiso garantizarse una mejor jubilación haciendo chantaje al dueño de la empresa funeraria con fotos y filiaciones de los supuestos 'cambiazos'.

Según la defensa de la familia Morchón, todo el caso Ignis es una falacia que se sustenta sobre la venganza personal del extrabajador jubilado. Hasta el momento son cerca de una veintena las personas investigadas por el Juzgado de Instrucción 6 como presuntas implicadas en delitos de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal. Desde que saltó el caso a finales de enero, han declarado ante la magistrada instructora decenas de testigos. Son cerca de un millar de perjudicados los que se han personado en las diligencias, entre los listados aportados por la Policía Nacional, la Fiscalía y las acusaciones particulares. Los interrogatorios de testigos continúan el próximo viernes.