La jueza del caso de los ataúdes autoriza a Hacienda a que investigue delitos tributarios en la funeraria

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, María Teresa Javato Martín, ha autorizado a facilitar una copia de los archivos incautados durante los registros a las empresas funerarias y domicilios de la familia Morchón a la Agencia Tributaria «para verificar la existencia de delitos tributarios». Así, la AEAT dispondrá, entre otros documentos, de la información de los dietarios de incineraciones realizados entre 1997 y 2019 para que la inspección pueda cruzar los datos fiscales que dispone sobre las sociedades Parque El Salvador y Agencia Funeraria Castellana, así como del investigado Ignacio Morchón Alonso y de su esposa, con la información incautada.

El último informe elaborado por la inspección tributaria el pasado 26 de junio establecía que la Agencia Funeraria Castellana no habría hecho compras suficientes de un número ataúdes para prestar los servicios que luego realizó, y en estos momentos el fisco está tratando de determinar la cuantía a la que ascendería el valor de lo cobrado por esos ataúdes supuestamente detraídos. «Entendemos que la investigación se ha de completar con el destino que a esos beneficios se les puede haber dado«, informaba el equipo de vigilancia aduanera a la jueza en un oficio del pasado 15 de marzo.

También el Juzgado hará llegar a la Agencia Tributaria el último informe policial con sus conclusiones sobre los dietarios de incineraciones que ha elaborado la brigada provincial de Policía Judicial de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), informe que concluye la existencia de irregularidades en la gestión y administración de los libros de registro y una «voluntad palmaria de ocultar datos de cara a posibles inspecciones».

La ausencia de anotaciones en el libro obligatorio de decenas de cremaciones que se realizaron en el cementerio de Santovenia y no en el tanatorio de El Salvador, denota, según estos investigadores «una evidente intencionalidad de ocultar una actuación claramente delictiva, en la que participaban tanto los responsables de recepción, como los responsables del traslado del féretro desde el tanatorio hasta el cementerio cuando eran conocedores de que la familia creía que la cremación se estaba realizando en aquellas instalaciones«.

La policía judicial tiene abiertos otros frentes de investigación, como el estudio de los precios de los féretros y la facturación de los sustraídos, así como el análisis de los datos de los discos duros intervenidos en el Grupo El Salvador y los del sevidor informático, así como los correos electrónicos. Además estudiarán el gasto comparativo de los suministros del gas en el tanatorio de San Salvador y el parque en relación con los datos que figuran en los libros registros de incineración.

En paralelo continúa la localización de los familiares de fallecidos, un procedimiento que se ha visto ralentizado por la pandemia, aunque las citaciones se retomarán en breve, según informó la policia al Juzgado.