El juez vallisoletano que resolvió los asesinatos de Olga Sangrador y Leticia Lebrato interrogará a Corina

Manuel García-Castellón, de 67 años, hijo de ingeniero agrónomo, vivió con su familia en el barrio de Huerta del Rey y estudió dos años en Salamanca antes de completar Derecho en la Universidad de Valladolid. Luego fue juez de distrito en Burgos y aprobó la oposición. Ocupó sus primeros destinos en el País Vasco y en 1982 se trasladó a Zamora. Un año después ejerció en Medina del Campo y en 1984 ascendió a magistrado y, tras un periodo en Baleares como juez de vigilancia, volvió a Valladolid y se hizo cargo del Juzgado de Instrucción 2. En esta plaza fue cuando alcanzó notoriedad con la resolución de los escalofriantes casos de Olga Sangrador y Leticia Lebrato. Sus asesinos fueron juzgados y condenados, aunque la anulación de la Doctrina Parot les puso en la calle para espanto y dolor de las familias de las víctimas. Volvieron a reincidir. Valentín Tejero volverá a salir libre en 2021, tras otra condena por abusar de un niña en Madrid. Pedro Luis Gallego, el 'violador del ascensor', fue condenado el año pasado a 97 años de prisión por cuatro agresiones cometidas tras cumplir otra condena por 18 violaciones y los asesinatos de Marta Obregón y Leticia Lebrato.

Dicen los detractores de García Castellón que el magistrado vallisoletano es al Partido Popular lo que Baltasar Garzón fue al PSOE en lo que a aspiraciones políticas se refiere en el Congreso de los Diputados. Optó en 1998 por presentarse a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero no lo consiguió y se quedó en Madrid. Pero el magistrado vallisoletano está en la élite de los superjueces mediáticos de la Audiencia Nacional desde el año siguiente de esclarecer los crímenes de Valladolid. Entró para sustituir al juez Garzón en el Juzgado 5 pero cuando este se reincorporó a su plaza, se convirtió en titular del Juzgado 6. Instruyó el caso Atlético contra el presidente Jesús Gil y Gil, metió en la cárcel al banquero Mario Conde, cogió el testigo de Garzón, investigó el asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco, y estrenó la figura de magistrado de enlace creada por Aznar en la lucha antiterrorista en París. Hizo lo propio en Roma y regresó de Italia a su plaza de la Audiencia Nacional en 2017 para instruir la Púnica y Lezo. Se trajo con él la Legión de Honor por sus servicios y en su palmarés tiene también la Orden de Isabel la Católica.

Ahora está inmerso en las precuelas y secuelas del intrincado caso Villarejo y ha decidido hace pocos días interrogar a Corina por videoconferencia. Después de oir a la supuesta testaferro y examante alemana de don Juan Carlos I y valorar lo que tenga que decir sobre la fortuna del monarca autoexiliado, supuestamente repartida en cuentas 'off shore' cebadas con las comisiones del AVE a la Meca sin pasar por el fisco, el titular del Juzgado decidirá si hay causa judicial o no contra el Rey Emérito.

Pero en todos estos años, García Castellón no ha dejado de llamar a la madre de la pequeña violada y asesinada por Valentín Tejero en 1992. Este y el otro crimen, el mismo año, de la joven Leticia Lebrato a manos de Pedro Luis Gallego, dejaron en estado de choque a la sociedad vallisoletana. Los pueblos, donde se dejaban todavía las puertas abiertas y se acogía con abierta hospitalidad al forastero, perdieron la inocencia.

En los dos casos, él consiguió la confesión de los asesinos y violadores. Lo logró con métodos, según algunos juristas consultados, poco ortodoxos, como organizar para Valentín Tejero una singular rueda de reconocimiento en el bar de Villalón de Campos para que los vecinos lo reconocieran como el forastero que apareció por el pueblo y se llevó a la niña. Allí le trasladaron, todos de paisano, guardias civiles incluidos, para tomarse un café. Dicen que después, el asesino se derrumbó en el cuartel y llevó a la comisión judicial hasta el pinar donde había ocultado el cuerpo. En la memoria colectiva está la fotografía el asesino arrodillado y el entonces capitán de la Guardia Civil conminándole a mirar el cadáver semitenterrado de su pequeña víctima y a pedir perdón. Versiones menos piadosas han llegado a apuntar que pudieron utilizarse métodos más expeditivos previos para ablandar al sospechoso.

Sobre los métodos del instructor se quejó también en el juicio el acusado del crimen de Leticia Lebrato. Durante su declaración ante el tribunal, en junio de 1994, el depredador sexual Pedro Luis Gallego llegó a decir que el juez instructor le había engañado para que firmara declarándose culpable con «falsas promesas» de confinarle en un centro psiquiátrico y no en la cárcel.