El Juzgado de lo Social resolverá la validez del convenio de hostelería

El Juzgado de lo Social tiene en sus manos el futuro del convenio que regula los derechos de los trabajadores de la hostelería después de un largo conflicto entre las organizaciones sindicales y la patronal que comenzó en marzo de 2018. Es aquí cuando la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Apeh) se levantó de la mesa de negociaciones del convenio 2018-2022 que habían firmado con anterioridad con los sindicatos, pero que después decidieron bloquear ante la «imposibilidad de asumir el incremento salarial» anunciado en el acuerdo. Estas nuevas retribuciones pretenden unificar los salarios base de los distintos grupos a lo largo de la vigencia del convenio, lo que la patronal afirmó que no se podía «asumir» y que supondría el cierre de muchos establecimientos.

Meses después, en noviembre, los sindicatos consiguieron la firma de la Asociación de Hoteles, otra de las entidades del sector en Valladolid, para así poder registrar el convenio ante la Junta de Castilla y León. La competencia de la Oficina Territorial de Trabajo (OTT) es precisamente supervisar que el convenio cumple la legalidad vigente y la representatividad que se requiere en estos casos, es decir, que las decisiones que se tomen estén respaldadas por la mayor parte de la asociación. Es por eso que se pidió a las entidades empresariales del acuerdo que acreditasen dicha representatividad, pues se tenía dudas sobre ello, ya que no podían probar el apoyo con unas elecciones, como sí lo hacen los sindicatos. Después de esto, la Junta consideró que la representatividad de la patronal no quedaba suficientemente acreditada, por lo que Trabajo elevó el asunto al juzgado de lo Social a mediados de julio para poder resolverlo.

Todo este retraso en la inscripción del convenio provocó incluso la intervención pública del alcalde, Óscar Puente, que exigió a la presidenta de los hosteleros, María José Hernández, la firma del convenio para dar estabilidad al sector.

«Esta situación no es una mala noticia para nosotros», afirmó ayer Marcos Gutiérrez, secretario general de la Federación de Servicios de CC OO Castilla y León, que asegura que «todo esto viene motivado por la Apeh», a quienes instan a ser consecuentes con lo que firmaron en primera instancia. Afirmó que esta negativa de firma del convenio es «algo gravísimo», pues afecta a casi 11.000 trabajadores del sector de la hostelería, por lo que están valorando acciones que llevar a cabo. Los trabajadores «llevan dos años sin subida salarial», y puso especial atención en las camareras de piso -quienes tendrían un nivel salarial específico- y en los 'riders', que no podrían cobrar un salario aunque se les reconociese como trabajadores por cuenta ajena debido a que su situación no se contempla en el anterior convenio.

Además, Gutiérrez señaló que los trabajadores temporales tampoco podrían reclamar las subidas en sus retribuciones, y que seguirían cobrando como en 2017. «La hostelería tiene unos datos muy buenos en Valladolid», por lo que algunos negocios «intentan mantener la picaresca» y pagar lo justo a sus empleados. Gutiérrez afirmó que «lo que queremos es igualar los salarios» y que así no dependan de los tenedores y estrellas que tenga el establecimiento en la provincia de Valladolid.