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El magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado mediante un auto la suspensión cautelar de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que una decena de entidades financieras vienen realizando a antiguos clientes de iDental, con los que había suscrito préstamos para poder realizar los tratamientos bucodentales.
Con la decisión del juez, se pretende evitar efectos más negativos para estos pacientes, que se quedaron con las intervenciones interrumpidas tras el cierre de más de una veintena de clínicas que tenía la empresa en toda España, entre ellas las de Valladolid, Segovia y Salamanca.
En su auto, De la Mata explica que estos tratamientos eran financiados en buena parte por diversas entidades financieras, como Sabadell Consumer Finance, Banco Cooperativo Español, Evo Finance, Santander Consumer Finance, Banco Cetelem, Banco Pichincha, Uno-E-Bank, BBVA Consumer Finance, Finanmadrid SAU Pepper, y Montjuich, y otros que hubieran suscrito contratos de crédito con los clientes de esta cadena.
El magistrado ordena también a la entidades que «se abstengan de incluir en ficheros de información patrimonial a aquellos perjudicados que hayan cesado en el pago de los créditos contratados», y que retiren de los registros a aquellos que estén en estos momentos.
Según el juez, «desde ese momento en el que se aceptaba la financiación, el cliente-paciente se convertía en deudor de la entidad financiera, quedando iDental libre de cualquier otra responsabilidad que no fuera la derivada del tratamiento».
José de la Mata sostiene además que era la propia empresa la que facilitaba los trámites a los clientes de cara a garantizar una solvencia para hacer frente a los pagos de las futuras cuotas, «llegando incluso a solicitar nóminas pasadas o de terceros».
La mercantil, que desde junio pasado se investiga por la justicia, cobraba el total de lo financiado y el cliente iba abonando las cuotas pactadas, «sin que por parte de las clínicas comiencen tratamiento alguno con continuas anulaciones de citas y disculpas de todo tipo».
Para justificar el incumplimiento del servicio que iDental debía de prestar a sus clientes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 sostiene que los pacientes llegaron a solicitar la anulación de la financiación, «o el reintegro de los importes abonados por unos tratamientos inadecuados, con material de mala calidad o falta del mismo para realizarlos».
El juez sostiene que este esquema de negocio habría colapsado en octubre de 2017 (la mayoría de las clínicas cerraron en junio de 2018), como consecuencia de las deudas contraídas con sus proveedores, lo que generó que los trabajadores de la compañía no cobrasen sus nóminas y los pacientes no recibieran su tratamiento.
Finalmente, De la Mata indica en su resolución que la interrupción del tratamiento «necesariamente ha de repercutir en el contrato de financiación» que se habían suscrito con las entidades de crédito.
Es ante la «gravedad de la situación física y psicológica» de las personas que han padecido los incumplimientos por los servicios contratados, por lo que el juez cree que es urgente la suspensión cautelar de las cuotas de los créditos que quedan pendientes por iDental. Concluye que la decisión permitirá que tanto los clientes como «los prestatarios no sufran más perjuicios» y puedan buscar soluciones alternativas.
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