El juez exonera al guardia civil de Valladolid de narcotráfico, pero mantiene el proceso contra él por la trama de favores

Según se indica en el auto de la Operación Rosado, las diligencias arrancaron en septiembre de 2017 a raíz de una denuncia de la Policía Nacional sobre la posible implicación de los investigados en el tráfico de drogas. Además del seguimiento y vigilancia de estas personas, se puso en marcha la intervención telefónica. Tras las escuchas se concluyó que había indicios de que estas personas tenían perfectamente repartidos los papeles en la organización para la adquisición, almacenaje, distribución y venta, en una estructura «de gran complejidad». Por un lado, el clan familiar de Rafael Varela, líder del grupo y, por extensión, de toda la organización. Junto a él figuran su hijo Manuel, su sobrino José y su yerno Ernesto I., alias 'Mimi', que, además, subraya el instructor, «amplía» la organización delictiva con su padre Juan Carlos I.

En el complejo entramado de relaciones, todos tenían distintas funciones. Vinculados al clan de los Varela figuran otros investigados que «si bien no son familia directa, su contribución a la organización criminal «es decisiva», señala el instructor, por ser quienes realmente mueven la droga suministrada por aquellos»: Jesús R. R., José Ignacio H., Rafael C., Carlos E. R., Julián M., Francisco A. L, Juan Carlos I. R., Daniel S. G., Jesús R., Fernando R. T., Julio P. F., Alejandro M. M, todos ellos en papeles de distribución de la droga del clan.

En un plano «claramente» inferior y trabajando de forma «totalmente subordinada» a los Varela funciona el denominado clan de Santovenia, integrado por los investigados Iñaki R. G., líder de este subgrupo, Aitor A., Álvaro D. F., Javier y Alberto L. N. y Daniel M. M.

Desde la misma finca de Tudela de Duero en la que residen los Varela, Rafael «organizaba las reuniones, tomaba las decisiones, ordenaba diferentes trabajos a sus subordinados y era el receptor final del dinero generado por la droga». Su yerno Ernesto, indica el auto, tenía una situación de privilegio en la trama delictiva porque tenía su propia vía de suministro.

Carlos E. era «socio preferente» y ponía a disposición del cabecilla del clan el lavadero de coches Car Wash que regentaba en Tudela de Duero y el de compraventa de coches en Villabáñez. Tras ambos negocios, de apariencia legal, estaba la empresa Iansacar SL, regentada por la mujer de E. Según la investigación policial, ambos servían de pantalla a la actividad delictiva. Por su parte, Jesús R., 'alias Chule', usaba una fábrica de su propiedad «para dar cobertura económica al grupo y esconder la droga de manera puntual o hacer de informante para la organización. Es él quien presume, en las escuchas telefónicas, de contactos con un guardia civil a quien habría recurrido para localizar a personas que le debían dinero «y, por tanto, a la presunta organización criminal». El magistrado instructor considera que hay indicios suficientes como para continuar los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos fueran constitutivos de un delito de tráfico de drogas con grave daño a la salud contra Fernando R. T., Iñaki R. G., José V. G., David G. H., Daniel M, M., Daniel S. G., Alejandro M. M., Jesús R. R., Juan Carlos I. R., Julio P. F., Carlos E. R., Roberto P. A., Alberto y Javier L. N., Jesús R. R., José Ángel M. G., Álvaro D. F., Rafael y Manuel V. G., Ernesto I. G., Francisco Miguel A. L.y Jonathan V. P. Además, a Rafael y José V. G, Carlos E. R y Jesús R. R. se les atribuye otro delito de tenencia ilícita de armas.

La operación policial se cerró en marzo de 2018 con 47 detenidos y 31 registros en los que se han intervenido 800 plantas de marihuana, más de 49.000 euros, un kilo y medio lo que parecía ketamina, 107 gramos de cocaína, una decena de armas largas, dos pistolas, varias armas cortas detonadoras y diecinueve vehículos. La macrorredada contra el clan de los Varela comenzó con registros simultáneos en 26 viviendas de la capital y de ocho municipios de la provincia y dos más en Zamora y Segovia, lo que permitió desarticular «la organización criminal más activa de Valladolid dedicada al cultivo, suministro y venta de droga», para lo que fue necesario establecer un dispositivo policial de 190 agentes debido «a la peligrosidad del entramado criminal».