Los jueces de Valladolid estallan: «El Ministerio y los funcionarios tienen que pactar»

En el escrito acordado este viernes por los jueces y que ha sido difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se recuerda que la Justicia es uno de los tres poderes del Estado, que presta un servicio público esencial destinado a resolver conflictos y tutelar los derechos de las libertades públicas. Pero este servicio está a punto de colapsar por la sucesión de huelgas encadenadas que soporta desde el pasado 24 de enero cuando los letrados de la Administración de Justicia decidieron parar en su actividad para reclamar a la ministra Pilar Llop que hiciera efectivo el principio de acuerdo alcanzado sobre sus retribuciones.

El Ministerio accedió a la reivindicación y ello tuvo efecto dominó y luego fueron los funcionarios, por un lado, y los jueces y fiscales, por otro, quienes reclamaron la actualización de sus retribuciones. El acuerdo alcanzado con las asociaciones de jueces y fiscales frenó in extremis la huelga en este colectivo, pero sublevó a los funcionarios de justicia, que se vieron ninguneados en sus reclamaciones y acordaron convertir los paros parciales en una huelga indefinida. El último intento fue el encierro en la sede ministerial, que acabó sin resultados y con la ruptura de las negociaciones con el secretario de Estado.

La Junta de Jueces considera que el conflicto colectivo de los funcionarios, que sigue vigente, «ha supuesto lastrar aún más la ya maltrecha situación de la Administración de Justicia. Son miles los juicios suspendidos y la casi absoluta paralización de la tramitación procesal, con grave quebranto para la efectividad del derecho a la tutela judicial que, como derecho fundamental reconoce nuestra Constitución». Y ese quebranto, subrayan los jueces y magistrados de Valladolid, «se extiende a todos los operadores jurídicos (abogados, procuradores, graduales sociales, peritos….) que con exquisita paciencia soportan la situación».

Critican que, a pesar de «lo inasumible de la situación descrita», desde la clase política no se tomen medidas para resolverla. «Contemplamos atónitos cómo la paralización casi absoluta de este servicio público esencial, la paralización de un Poder del Estado, resulta intrascendente para los responsables políticos, ya sean los que directamente ostentan en este momento funciones ejecutivas como para todos los demás».

Consideran que «los gravísimos daños que se están ocasionado a los que reclaman a los tribunales una solución a sus conflictos, parecen no interesar a quienes tienen la responsabilidad de proveer de los medios adecuados a la Administración de Justicia. Es más, parece no interesar a nadie«.

Concluye la Junta de Jueces, con el magistrado Emilio Vega al frente como decano, que la solución del conflicto entre los funcionarios y el Ministerio de Justicia, «no puede ni demorarse ni enquistarse sine die, por ello es preciso que encuentren cuanto antes una solución negociada que ponga a término a esta situación de paralización de un servicio público esencial como lo es el de la Justicia».