Los jueces de Valladolid anulan las multas del estado de alarma por falta de marco legal

Según los juristas consultados, en el contexto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, el estado de alarma no faculta para la suspensión de derechos fundamentales y el confinamiento masivo sería más propio de un estado de excepción, de manera que no se pueden sustentar las sanciones impuestas en este contexto jurídico. Además, las conductas sancionadas no están tipificadas, pues el Real Decreto no recogió detalladamente las infracciones que podrían ser objeto de sanción, sino que se refirió a ellas de una forma general y abstracta. Tampoco se estableció la graduación de la sanción administrativa, en leve, grave o muy grave, sino que remite a otras leyes para su clasificación. Otro defecto «de forma» que puede pesar en la anulación de las multas es que en el Real Decreto no se determinó qué administraciones son las competentes para imponer la correspondiente sanción.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la mayoría de los expedientes sancionadores tramitados durante ese período por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se levantaron en Palencia, 3.003, seguida de Burgos, con 2.862 sanciones; Valladolid, con 2.818; y Segovia, con 2.519 expedientes, y Ávila, con 2.365. En menor medida se sancionó a 1.974 infractores en León, 1.636 en Soria y a 1.605 en la provincia de Salamanca.

Zamora es la que ha registrado un mayor número de impugnaciones, con 759 casos, seguida de Valladolid, con 531; le siguen los 400 de Segovia y los 377 de Soria. Donde menos se han recurrido ha sido en Burgos, donde solo se contabiliza un caso.