La influencer vallisoletana Jennifer Lara, a juicio en noviembre por no entregar a su hija al padre

Ambos prefieren mantener el anonimato a fin de «que el bombo mediático acabe cuanto antes» y explican que seguirán «por el camino del rigor jurídico como hasta ahora». Un camino que no ha llegado a su fin, pues pese a que el padre ha conseguido finalmente la custodia, la batalla judicial aún no ha terminado.

Jennifer Lara deberá sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 29 de noviembre, tal y como ha dictaminado el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid. Durante el juicio oral la influencer deberá responder ante la Fiscalía, que pide siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave, así como ante la acusación particular -el padre de la menor- que solicita una pena para la joven de 12 meses por desobediencia, 24 meses por un delito de sustracción de menores y cuatro años de inhabilitación de la patria potestad. El progenitor pide, además, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y, según considera, existe un alto porcentaje de probabilidad de que la joven entre en prisión.

Lara se ha mantenido firme en su versión asegurando en todo momento que el padre de su hija no ha querido hacerse cargo de la pequeña desde que ésta cumplió cuatro meses, sin mostrar el mínimo interés desde entonces. Por su parte, el representante legal del progenitor desmiente su versión y argumenta, a través de una serie de documentos jurídicos, que es precisamente el padre de la niña quien deja de poder verla desde mayo de 2021, motivo por el cual recurre a la vía civil para resolver la situación.

No quieren entrar en valoraciones de cada una de las afirmaciones que ha hecho la influencer tanto desde su redes sociales como desde los distintos programas de televisión a los que ha acudido para contar su historia y celebran que desde el pasado jueves 21 de julio el vallisoletano pueda disfrutar de la custodia completa que le han otorgado los juzgados.

Tal y como explica el abogado del padre, el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Valladolid homologó el 29 de septiembre de 2020 el convenio regulador que firmaron ambos. En dicho documento se incluía una cláusula por la cual las partes acordaron que durante los tres primeros años de edad de la pequeña, la custodia sería atribuida a la madre, pasándose a aplicar un régimen de guarda y custodia compartida, una vez que la menor alcanzara la edad de tres años.

Pero en ese mismo documento, en el último párrafo referido a la patria potestad de la menor, se acuerda de forma expresa que «para el supuesto de desplazamiento geográfico de carácter laboral (subrayándose por las partes este punto en el propio convenio) la patria potestad recaerá, sin mayores trámites, en el otro progenitor que mantenga su residencia en Valladolid o provincia».

El letrado explica además que el 7 de mayo de 2021 el progenitor recibió un burofax del abogado de Jennifer en el que le comunicaba su traslado a Alicante para incorporarse al mercado laboral al día siguiente. El 10 de mayo, el progenitor acudió al domicilio de Jennifer puesto que le correspondía la visita intersemanal con la menor, pero la influencer y la niña ya se habían marchado a la Comunidad Valenciana.

Tras constatar lo sucedido, el padre de la menor, a través de su abogado, presentó una ejecución forzosa ante el Juzgado número 13 de Valladolid para que Jennifer Lara cumpliera de inmediato con las disposiciones acordadas en el convenio de guarda y custodia acordado por ambos. El 21 de mayo de 2021, la Sala admitía a trámite la ejecución instando a cumplir de forma inmediata a la madre con el régimen de visitas y restituyendo a la menor a la ciudad de Valladolid. En caso contrario, dictamina el escrito, la menor quedaría bajo la custodia exclusiva de su padre durante el tiempo que, por motivos laborales, la madre decidiera establecerse en la ciudad de Alicante. El juzgado, al igual que la Secretaría Judicial entonces advertían, «de producirse su incumplimiento de forma reiterada puede incurrir en responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad judicial».

Nueve días más tarde, el 29 de junio de 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valladolid imponía a Jennifer Lara «multas coercitivas mensuales de 40 euros por cada día que el padre no pueda tener en su compañía a su hija (incluidos los periodos vacacionales)».

A pesar de esta multa, anómala por la cantidad pues suelen ser más bajas, tal y como señala el abogado, su cliente no ha podido ver durante 14 meses a la pequeña. Hechos que fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Familia el 19 de julio de 2021. Desde entonces, el padre de la menor, tal y como asegura su letrado, no ha podido ver a su hija, incluso cuando se ha personado en su domicilio de Valencia.

El progenitor interpuso una denuncia a la influencer el 21 de enero de 2022 para tratar de recuperar a su hija. En este caso el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid dictó un auto de imputación hacia la joven y otro más decretando la apertura de un juicio oral por un delito continuado de desobediencia a la autoridad judicial y un delito de sustracción de menores, según relata el abogado.

Paralelamente, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valladolid dictó sentencia el pasado 21 de febrero en la cual se otorgaba la custodia en exclusiva de la menor a su padre, motivo por el cual el progenitor «se vio obligado a interponer la ejecución ante el citado juzgado para que Jennifer finalmente le entregase a la pequeña. De nuevo el 16 de mayo de 2022 se acuerda poner la multa de 40 euros diarios. Finalmente, el 18 de julio el juzgado autorizó la intervención de la Policía Nacional para propiciar la entrega de la menor al padre, hecho que se retransmitió en directo a través de redes sociales y que tuvo lugar el pasado 21 de julio.

Asimismo, el abogado explica que la pequeña podrá volver a ver a su madre y podrá estar con ella la última quincena de agosto, ya que el intercambio vacacional en favor de Jennifer Lara tendrá lugar el 14 (al ser 15 día festivo) en Valladolid y se prolongará hasta el próximo 30 del próximo mes. Después, Lara podrá disfrutar de la pequeña los fines de semana alternos y deberá pagar la pensión alimenticia de la niña.

Las fuentes jurídicas que representan al progenitor, aseguran que el joven llegó a recibir más de 2.000 amenazas de muerte en solo 24 horas tras la retransmisión del momento de la entrega y explican que lo único que quieren es que termine el bombo mediático cuanto antes y aseguran que seguirán el camino jurídico como hasta ahora.