La investigación en El Empecinado se eleva al Tribunal Central Militar

El motivo de este avance se da al estar investigados altos cargos como una comandante, un teniente coronel y un coronel de la base militar, y cuyo posible procesamiento corresponde al Tribunal Central Militar. Este organismo, que ya tiene toda la documentación recogida en los últimos seis meses, será el encargado de seguir con la causa desde la capital de España.

Un proceso de instrucción en el que la Guardia Civil, en auxilio del togado, ha completado al menos dos registros en El Empecinado. En mayo, agentes de la Policía Judicial se llevaron el servidor central para analizar los datos y ahondar en la investigación de las presuntas irregularidades, mientras que en marzo el Instituto Armado acudía a la base militar por primera vez para intervenir ordenadores y discos duros, además de recopilar documentación que retiraron en grandes cajas con diversas facturas. Todas ellas de la Agrupación de Apoyo Logístico 61, en la que se engloba la plana mayor de la Agrupación, el grupo de abastecimiento I/61, el grupo de mantenimiento II/61, la compañía de mando y personal y la unidad de servicios y talleres 611.

Durante este medio año, el togado militar de Valladolid, dependiente del territorial de La Coruña, ha tomado declaración en calidad de testigos a decenas de militares de la base, por lo que no se descarta que la instrucción haya llegado a Madrid con más investigados.

La causa arrancó a mediados de diciembre después de que la Fiscalía Provincial recibiera una denuncia anónima que el Ministerio Público derivó a la jurisprudencia militar. En la misma, se recalcaba «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con determinadas empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».

Los hechos denunciados se circunscriben a los años 2021 y 2022, aunque también se solicitaba que se ampliara la investigación a años anteriores. En alguna de esas peticiones se llegaba a solicitar la emisión de una factura para cubrir comidas y otros gastos, no justificados y sobre los cuales no existía autorización de pago con cargo a fondos económicos del Estado.

Los supuestos implicados en el fraude utilizaron los correos oficiales de la base. En una de estas comunicaciones se solicitaba dividir facturas superiores a 5.000 euros «al no poder gestionarla en una conjunta». Otro de los ejemplos detallados en la denuncia reflejan una factura con la venta de 1.000 kilos de harina, emitida por una mercantil dedicada a otros servicios alejados de la alimentación.

El desvío de fondos durante estos dos años se cuantifica en un total de 180.000 euros.