La inversión en conservación de carreteras de Valladolid, diez veces por debajo de la recomendada

La red viaria de la provincia está compuesta por 3.068 kilómetros de carreteras –de una calzada o multicarril; con más o menos metros de anchura–, autovías y autopistas libres. Nueve de cada diez kilómetros (2.749) son carreteras convencionales de una sola calzada, la mayoría de entre cinco y siete metros de ancho (1.565). Valladolid está cruzada por 303 kilómetros de autovías y autopistas sin coste, según datos del Ministerio de Fomento.

Desde el punto de vista de la titularidad, la Diputación de Valladolid es la que tiene más vías bajo su responsabilidad, en concreto 1.435 kilómetros de carreteras convencionales, de los que 1.200 tienen entre cinco y siete metros; 200 kilómetros son de más de siete metros y 35, de menos de cinco.

La Junta cuenta con 1.045 kilómetros de carreteras, a los que hay que sumar los 41 de la autovía a Segovia, también conocida como A-601 a Autovía de Pinares, que discurren por la provincia vallisoletana. En total, pues, 1.086 kilómetros bajo el control de la administración regional.

Por último, el Estado posee en Valladolid 547 kilómetros dispuestos para circulación de vehículos, de los que 262 son de autovías y autopistas y otros 269, de carreteras de una calzada, si bien la mayoría (247 kilómetros), tienen más de siete metros de arcén a arcén, es decir, con 1,5 en cada lado.

En opinión de Javier Manteca, del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León, «mantener en un estado óptimo la amplia red de carreteras no solo es fundamental para reducir el número de siniestros y de muertes por accidentes de tráfico, que es el primer objetivo, sino que es condición previa para promover el desarrollo económico y social en el medio rural, y frenar por consiguiente la sangría de la despoblación, el reto de mayor calado al que se enfrenta Castilla y León a corto, medio y largo plazo».

En este sentido, los ingenieros civiles reclaman a las administraciones públicas «un esfuerzo adicional en la dedicación de recursos al mantenimiento y la conservación de la red de carreteras convencionales» (un carril para sentido de la circulación), tanto por seguridad como en aras del desarrollo de la actividad productiva en los pueblos.

Todas las administraciones redujeron las partidas de mantenimiento y conservación de carreteras durante la crisis económica, pero el problema, según Manteca, «es que no se ha recuperado la inversión posteriormente, lo cual ha desembocado en que la red, sobre todo la convencional, se encuentre en un estado verdaderamente lamentable, contraviniendo todas las circunstancias que podrían contribuir a reducir la siniestralidad».

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, que representa más del 85% del mercado de la conservación de carreteras, reclama que, vía presupuestaria, «se destine a la conservación la cuantía necesaria para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de transportes», que en conservación de carreteras cuantifica en 1.300 millones de euros. Las inversiones en conservación de las administraciones en España, alertan, suponen el 50% menos que las de Francia o Reino Unido y el 30% menos que las de Alemania.

Según estimaciones de Acex, en España el coste medio de conservación de un kilómetro de autopista está en unos 80.000 euros anuales, mientras que para la red convencional el coste medio es de unos 38.000 euros anuales por kilómetro de carretera. Para Pablo Sáez, director-gerente de Acex, «el modelo de conservación utilizado en España está basado en una gestión pública de la explotación de la carretera y ha demostrado ser un modelo fiable, útil y con grandes resultados».

Si trasladamos estos cálculos al caso provincial, el resultado es que las carreteras de Valladolid requieren 105 millones anuales en conservación (2.765 kilómetros a 38.000 euros/km), mientras que las autovías precisan otros 24,2 millones al año de inversión en mantenimiento (303 kms x 80.000 euros/km). En total, casi 130 millones de euros.

De ellos, la Diputación es la institución con mayor cuota de la 'minuta', al ser también de la que más kilómetros es responsable. Su gasto anual en conservación debería ascender, según los baremos de la Asociación de Empresas de Conservación, de 54,5 millones anuales. La Junta habría de correr con una inversión en mantenimiento de 42,9 millones y el Estado, de 31,8 millones de euros.

Y frente a esto, la realidad: el día 28 de enero, el equipo de Gobierno de la Diputación hacía balance de las acciones realizadas durante el actual mandato y explicaba que han destinado 13,39 millones de euros al mantenimiento de la Red Provincial de Carreteras, de los que 10,9 millones correspondieron al contrato de conservación , completado con 16 actuaciones de refuerzo de firmes y la instalación de 45 nuevos dispositivos salvacunetas. 13,4 millones entre cuatro años da un resultado de 3,35 millones por ejercicio, más de diez veces menos de lo recomendable.

La Consejería de Fomento no quiso proporcionar datos provincializados de inversión. Según los ingenieros civiles de la región, las carreteras dependientes de la Junta han contado con unos recursos medios para conservación y mantenimiento de 45 millones entre 2011 y 2017, mientras que la previsión presupuestaria de 2018 fue de 90 millones. En opinión del presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, las carreteras de titularidad autonómica necesitan una inversión mínima en mantenimiento y conservación de 160 millones anuales.

En cuanto al Estado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 revela que el Gobierno tiene previsto destinar 14 millones al plan de conservación de carreteras, que son cinco millones más de los previstos el año pasado, cuando fue necesario activar una reducción de la velocidad máxima en la A-62 y en la A-11 debido a los baches.

Debido al desplome de las inversiones en conservación y mantenimiento registrado desde 2011, el déficit acumulado en las carreteras del Estado y de la Junta asciende en Castilla y León a 1.179 millones de euros (el 16,5% del total nacional), que se deberían destinar fundamentalmente a la reparación del firme, según el informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), de julio de 2018.

En opinión de Javier Manteca, del colegio de ingenieros civiles, «no deberíamos estar jugando con la vida de los ciudadanos, a causa de una menor inversión de recursos públicos, que debería valorarse como una inversión social». Según los informes de la DGT, siete de cada diez víctimas mortales en las carreteras de Castilla y León son consecuencia de accidentes registrados en las carreteras convencionales. Es decir, 85 de las 125 personas que perdieron la vida en 2018, frente a las 40 en las autopistas y autovías de Castilla y León.

La red convencional de carreteras soporta el 40% del tráfico total, mientras que concentra el 75% de la siniestralidad y el 78% de las víctimas mortales. Y en la inmensa mayoría de los casos, las carreteras convencionales son la única vía de acceso a las localidades que se ubican en su trazado. Es por esta causa que la DGTha rebajado de 100 a 90 kms/h la velocidad máxima para circular en todas las carreteras convencionales. Una medida que para el técnico de Seguridad Vial del RACE, David Fernández, resultará «bastante estéril» si no va acompañada «de una mayor inversión en infraestructuras, como mejorar el trazado y la iluminación para la conducción en condiciones meteorológicas adversas», según declaró a Europa Press.

La conservación y la inversión en elementos de seguridad, así pues, se erigen en factores fundamentales no solo para salvar vidas, sino para dar vida al medio rural. Porque, desafortunadamente, la profecía de Doc en la película 'Regreso al futuro' no se ha cumplido –o al menos lleva cierto retraso– y en el futuro al que nos dirigimos, 'necesitamos carreteras'.