Valladolid

Inician las obras de un colegio de educación especial en el céntrico solar de Cáritas

Fue en noviembre de 2023, cuando el Ayuntamiento concedió la licencia de obras para la construcción del centro educativo después de que un año antes el Consistorio diera el visto bueno a la reorganización de esta parcela que fue noticia dentro del caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2004.

El edificio tendrá dos plantas en forma de L, baja más una, y se dedicará a los niveles de Infantil, Educación Básica Obligatoria (EBO) y Transición a la Vida Activa (TVA). Contará, además de con los espacios educativos y terapéuticos, con biblioteca, aula de psicomotricidad-gimnasio, sala de fisioterapia, aula multisensorial, espacio de relajación y otras dependencias polivalentes.

El inmueble, según explicó el Ayuntamiento hace un año, estará formado por un único volumen con varios accesos. Al visitante se le permitirá la entrada únicamente hasta el vestíbulo principal, donde será recibido y dirigido hacia los espacios de carácter más público. Los alumnos, por su parte, una vez que accedan a la zona docente podrán circular por los espacios relacionados con ésta, así como por el área de comedor o los cuatro patios de recreo, pero no tendrán acceso a la zona pública o al exterior.

Fue en abril de 2022, con gobierno del PSOE y Toma la Palabra en el Consistorio, cuando se dio vía libre al proyecto de normalización de fincas de este ámbito, de acuerdo con la revisión del PGOU de 2020. El pacto permitía crecer a la fundación dentro de esta manzana mientras que la Administración Local ganaba en el área una cesión de 739 metros cuadrados de superficie con una edificabilidad de 4.830. En el anterior mandato, los de Puente y Saravia plantearon construir en ese suelo una nueva dotación municipal, pero el proyecto no llegó a salir adelante.

Esta céntrica zona del casco histórico fue noticia allá por 2008 cuando surgió el caso de la manipulación del Plan General de 2004, que acabó con la condena de los principales responsables de la cúpula de Urbanismo. En este caso, la irregularidad se detectó en la modificación de un plano que dotó al suelo de la categoría de urbano consolidado cuando no lo era, lo que eximía a los propietarios de la cesión de los espacios libres públicos y de equipamiento.

La propiedad obtuvo en 2007 licencia para demolición de los edificios existentes y construyó un aparcamiento subterráneo con 400 plazas. El TSJ anuló esta operación, aunque el subsuelo ya se había vendido a otra empresa y no se ordenó su demolición. Ese acuerdo de 2022 permitió también legalizar el garaje.