La influencer vallisoletana Jennifer Lara seguirá sin poder decidir sobre su hija

Incide el titular del Juzgado, amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo, que esta medida «no supone la pérdida de contacto entre la madre y la hija» y será el Juzgado de Familia el competente para determinar el alcance de las visitas o estancias, pues la pena impuesta en noviembre del año pasado «no afecta a ese extremo de la relación».

Precisamente, la influencer, su expareja y padre de la menor, y la Fiscalía llegaron a un acuerdo antes de la vista oral en el que Jennifer Lara aceptaba dos años de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena durante tres años, y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por un delito de sustracción de menores. Esta medida se decretó a la espera de un informe psicosocial de los juzgados, en poder ya del titular del Juzgado, en «aras del beneficio de la menor».

En él se determina, apoyado por consultas de los técnicos de la Asociación para la Protección del Menor (Aprome), que «no se dan las circunstancias de acuerdo entre los progenitores ni de buena sintonía a la hora de decidir lo mejor para su hija», por lo que las decisiones sobre la menor de cuatro años en estos momentos corresponde, según la sentencia de hace escasos meses, al padre.

El camino por los juzgados de esta expareja se inició al término de la relación de ambos, cuando su hija no llegaba al año. En septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valladolid decretó un régimen de visitas, mientras la guardia y custodia de la bebé por aquel entonces quedaba atribuida a la madre hasta que la hija cumpliera 3 años.

Sin embargo, el régimen de visitas funcionó con normalidad hasta el 1 de mayo de 2021, cuando Jennifer, por trabajo, se trasladó hasta Alicante, lo que supuso interrumpir toda relación entre la pequeña y su padre. La mujer, pese a los requerimientos para que restituyera de forma inmediata a la menor a Valladolid y que de no hacerlo quedaría bajo la custodia y guarda de su expareja, además del apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, se mantuvo en su postura, impidiendo que el padre disfrutara del régimen de visitas y del periodo vacacional que le tocaba con la menor.

Jennifer Lara desatendió las resoluciones judiciales que desde entonces fue dictando el Juzgado de Familia de Valladolid, y ello pese a conocer que el convenio regulador, en una de sus cláusulas, establecía que en caso de desplazamiento geográfico de carácter laboral la custodia recaería necesariamente en el otro progenitor.

El caso alcanzó posición mediática en julio de 2022, cuando Jennifer Lara tuvo que entregar a su hija a la Policía Nacional por orden judicial. Grabó unas escenas que dieron la vuelta por todas las televisiones nacionales para convertir este caso en mediático. Incluso los representantes legales del padre aseguraron que llegó a recibir más de 2.000 amenazas de muerte en solo 24 horas tras la retransmisión del momento de la entrega en las redes sociales.