Impugnan la oposición para ocho plazas de policía por incumplir la reserva del 20% para militares

En ese acuerdo, la Administración municipal insta al Gobierno de España a «reforzar todas las actuaciones que vayan dirigidas a la plena integración laboral de los militares temporales en el momento en que han de abandonar su relación profesional con las Fuerzas Armadas, en especial aquellas de convalidación de conocimientos y títulos obtenidos durante su carrera». Se reconoce pues una situación de indefensión para el colectivo, que debe ser solucionada. «De nada sirve predicar y no dar pan», critica Jesús Presencio, quien destaca que en este momento doscientas familias de Valladolid se encuentran en un estado de incertidumbre laboral por la salida del Ejército de alguno de sus miembros, de los que dependen económicamente los hogares.

Han sido los propios afectados los que se han organizado en una plataforma para reclamar el apoyo de las administraciones. El movimiento '45 sin despidos en tropa y marinería' ha recibido el respaldo del propio alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien les expresó su solidaridad, con foto incluida, durante la carrera Don Bosco, que tuvo lugar el pasado mes de febrero.

Pero el equipo de gobierno no tiene intención de cumplir el convenio firmado por León de la Riva con la entonces subsecretaria del Ministerio de Defensa Irene Domínguez-Alcahud. El concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, explicó ayer que desde el primer momento el ejecutivo local confirmó que no estaba de acuerdo con el acuerdo al considerar «injusto» que se tenga que reservar una plazas para el colectivo castrense. En la primera convocatoria, sí se aplicó y de los nueve puestos se reservó uno para militares mayores, que ocupó un miembro de las Fuerzas Armadas. Para el edil, hubiera conseguido la plaza aunque no hubiera estado consignada para el Ejército. «Con esa reserva del 20% no vamos a resolver el problema y además sería injusto para todos aquellos que llevan años preparándose la oposición», destacó el máximo responsable del área.

Respecto a la moción aprobada por el pleno del 18 de abril, Vélez aseguró que «no tiene nada que ver» con la oferta de empleo público en el Ayuntamiento, ya que la magnitud del problema es mayor y tiene que ser el Gobierno central el que la resuelva. Vélez confía en que la impugnación por parte del edil no adscrito no salga adelante, al tiempo que matiza que el propio convenio contempla, entre las causas de resolución, el incumplimiento del mismo, con lo que su inaplicación no tendría consecuencias legales.