Golpe de Estado contra la 'vieja' política

«Declarado el estado de guerra en Valladolid, como en toda España, nuestros lectores disculparán la ausencia de todo comentario de los acontecimientos de actualidad». Las dos líneas que encabezaban la portada de El Norte de Castilla del 15 de septiembre de 1923, hace ahora 95 años, anunciaban los espesos nubarrones que se cernían sobre el decano de la prensa. No por capricho, este periódico calificaba el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera como de «Momento crítico para España».

El declive del sistema político de la Restauración, que había sido implantado en 1875 mediante una sublevación militar y que basaba buena parte de su estabilidad en el falseamiento de las elecciones y en el turno pacífico entre los dos grandes partidos, liberal y conservador, se hizo aún más patente a partir del acecho de los nacionalismos periféricos, la creciente conflictividad social y la humillante derrota del Ejército en Annual. Todo ello allanó el camino a ese «cirujano de hierro» que determinados escritores e intelectuales venían demandando desde la crisis de 1898.

Ocupó el poder Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, merced a un golpe de Estado que, iniciado en Barcelona, se extendió rápidamente por todas las capitales de España y contó, ciertamente, con la complicidad del monarca Alfonso XIII. Decía el general que llegaba para regenerar el país y salvarle de su postración, que su movimiento patriótico era «para hombres» y que quien «no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria esperamos». Hasta 1930, año del fin de la dictadura, Primo de Rivera trató sin suerte de institucionalizar su régimen.

Su Manifiesto, fechado el 13 de septiembre de 1923, repudiaba el liberalismo vigente y a los «políticos profesionales», al tiempo que reaccionaba contra quienes culpaban al Ejército por el desastre en Marruecos (1921). También anunciaba que «abriremos proceso que castigue implacablemente a los que delinquieron contra la Patria, corrompiéndola y deshonrándola», en referencia directa a Santiago Alba Bonifaz, hasta entonces ministro de Estado y propietario de El Norte de Castilla: «El proceso contra don Santiago Alba queda, desde luego, abierto, que a éste lo denuncia la unánime voz del país».

Fundador de la Izquierda Liberal Monárquica, Alba había negociado con el caudillo Abd-el-Krim la liberación de soldados españoles, lo que fue interpretado por Primo de Rivera como un acto de alta traición. Entonces decidió procesarle por tráfico de influencias y apropiación de fondos públicos, al tiempo que sus seguidores (célebres «albistas» como Enrique Gavilán, Francisco de Cossío, Leopoldo Stampa, Emilio Gómez Díez, etc.), eran perseguidos políticamente.

El Norte de Castilla sufrió pronto las acometidas primorriveristas: además de la censura, hubo de hacer frente a varias multas y cierres temporales por la publicación de artículos no autorizados por el régimen, llegando a ser suspendida su publicación durante 23 días en 1926.

La vida política, entretanto, cambió pronto de rumbo. Por Real Decreto de 30 de septiembre de 1923 se disolvieron todos los Ayuntamientos y fueron destituidos los alcaldes. Siguiendo las órdenes del coronel de Artillería Joaquín de Gardoqui, delegado gubernativo del nuevo régimen, la Corporación vallisoletana celebró sesión extraordinaria el 1 de octubre y procedió a relevar a los concejales.

El médico José María Morales Moreno sustituyó a Isidoro Villa al frente de un nuevo Consistorio totalmente adicto al régimen y a su partido, la Unión Patriótica (UP). Comenzaba ese «caciquismo de nuevo cuño» que, según Jesús María Palomares, consistía en dejar la administración municipal bajo el mando de los afectos a la UP; Ayuntamien¬to y Diputación quedaban a merced de la arbitrarie¬dad de los gobernadores civiles. De hecho, el germen del partido político oficial surgió en la provincia vallisoletana a partir de la Unión Patriótica Castellana, formación auspiciada por influyentes prohombres del catolicismo social y político como Eduardo Callejo, futuro ministro de Instrucción Pública.

El Estatuto Municipal, publicado en 1924, auspició un inestable trasiego de alcaldes, como lo demuestra el hecho de que entre 1923 y 1930, solo un edil, Arturo Illera, permaneciese tres años seguidos en el cargo. Vicente Moliner estuvo casi dos años, Federico Santander uno, y los cinco alcaldes restantes, una media de algo más de dos meses. De hecho, el primero de todos, el médico Blas Sierra, solo se mantuvo 15 días al frente de la alcaldía.

Entretanto, la campaña contra el albismo registró casos notables: Francisco de Cossío, futuro director de El Norte de Castilla, tuvo que exiliarse en París en junio de 1924 por el artículo «Cazadores de gorras», una mofa indirecta del somatén primorriverista; dos años más tarde era confinado en las islas Chafarinas por otro escrito, publicado esta vez en el diario argentino 'La Razón', que arremetía contra la dictadura y defendía a Alba. También Antonio Royo Villanova fue procesado por un escrito que contestaba a las alusiones del dictador contra la Universidad de Valladolid. Ni siquiera Federico Santander, director del periódico y fiel hasta el final a Alfonso XIII, circunstancia que aprovechó para mediar a favor de Alba, se vio a salvo de procesos judiciales: uno por supuesta malversación de cuatro millones de pesetas durante su etapa como concejal y otro de sedición a causa de una conferencia impartida el 30 de abril de 1925 en el Ateneo de Palencia.

Finalmente, sin embargo, el Tribunal Supremo decidió archivar todo el proceso contra Santiago Alba, exiliado en París desde 1923, al no encontrar indicio alguno de las acusaciones que se le imputaban. El propietario de El Norte no ocultaría nunca su profunda decepción hacia la causa monárquica. En marzo de 1930, muerto el dictador y agotada del todo su experiencia autoritaria, las fuerzas republicanas avanzaban aprovechando el descrédito de la monarquía alfonsina.