El Gobierno de Valladolid niega un incremento de la inseguridad y la oposición reclama más vigilancia

Ha sido un debate repetido, aunque los hechos acaecidos este verano, con un triple crimen y un matricidio en la Rondilla, como sucesos más destacados, han avivado la discusión política. Los catorce votos del PSOE y Toma la Palabra en el salón de plenos han tumbado este martes una moción del PP, respaldada por Vox y Ciudadanos, para que el Ayuntamiento refuerce la seguridad en la ciudad. Fue el concejal popular Francisco Blanco el encargado de exponer la iniciativa en la que se solicitaba, entre otras cuestiones, la puesta en marcha, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno, de un plan para incrementar la vigilancia en el citado barrio, así como la convocatoria de una mesa de la convivencia en la que autoridades y representantes vecinales hagan un diagnóstico de la situación y se tomen medidas policiales para frenar la delincuencia en sus diferentes versiones. En el relato, se ha hecho referencia también los robos perpetrados por la banda del BMW, los actos vandálicos en diferentes puntos del municipio o los problemas que se generan en el entorno del albergue municipal con el objetivo de hacer ver que hay varios focos sobre los que actuar con «urgencia».

El Ejecutivo local y los portavoces de las tres formaciones han discrepado de nuevo sobre los datos de criminalidad. Mientras que PP, Vox y Cs han subrayado que el número de infracciones penales en el término municipal han crecido el 26% en el último año, el equipo de Puente ha destacado que Valladolid ha registrado menos hechos delictivos, además de remachar que es una de las ciudades más seguras de España y de Europa. Lo que, según el PP, era una moción constructiva, se ha tornado en un cruce de acusaciones. Ha sido el edil de Toma la Palabra Alberto Bustos el que ha llamado la atención sobre la iniciativa, que, a su juicio, es «irresponsable por impulsar un estigma desproporcionado» sobre un barrio donde no existen, dice, problemas de convivencia, sino que es un ejemplo de la misma. «Los problemas existen, pero mientras unos tratamos de ponerles solución otros extienden una gran bandera», ha señalado.

Blanco, por su parte, ha hecho hincapié en que la sensación de inseguridad ha crecido, al tiempo que ha censurado la escasa presencia policial en las calles, para lo que ha solicitado una mejor gestión de los efectivos del servicio en los barrios, donde en algunos distritos hay hasta veinte plazas vacantes. «Utilizan ustedes la seguridad como elemento populista y se basan en sus sensaciones; no es la 'Bronxdilla'», le reprochaba el concejal responsable del área, Alberto Palomino, quien acotaba que las infracciones penales se sitúan por debajo de la media nacional y anunciaba la incorporación de 56 agentes este mismo mes para ocupar esas plazas.

El portavoz de Vox, Javier García Bartolomé, afirmaba que Valladolid está dejando de ser una ciudad segura y el concejal de Ciudadanos Pablo Vicente lamentaba que el equipo de gobierno conteste que la seguridad no es de su competencia cuando hay un área municipal con ese nombre.

La oposición se ha unido también en otra moción presentada por el PP y que ha decaído con los votos del PSOE y Toma la Palabra. La formación que preside Pilar del Olmo instaba a elaborar un plan y una ordenanza municipal con medidas para garantizar el ahorro de agua ante la sequía que afecta al país en los últimos meses. El equipo de gobierno, por boca de la concejala María Sánchez, se ha remitido al documento aprobado en 2017 en Aquavall en el que ya se recogen medidas de uso eficiente, que pueden se completadas sin necesidad de «más burocracia». Además, ha destacado que ha sido este gobierno municipal el que ha remunicipalizado el servicio por tratarse de un bien esencial frente a los que apostaban por dejarlo en manos privadas. Sánchez ha señalado que ya se realizan campañas de concienciación, se controlan las fugas (hay un equipo especializado que ha actuado en 46 ocasiones) y se penaliza en la tarifa a los grandes consumidores, una medida para intentar rebajar posibles despilfarros por la vía de la factura.

El pleno ha aprobado el hermanamiento con la ciudad mexicana de Valladolid y también su incorporación a Alianza de Ciudades contra la Pobreza Infantil. En este último punto, el edil de Vox ha votado en contra, entre duras críticas de sus compañeros de corporación, al considerar que esa propuesta no iba a mejorar la situación de los niños, sino que solo sirve para «justificar otro de los chiringuitos creados por Pedro Sánchez». García Bartolomé ha subrayado que el alto comisionado de esta alianza es otro socialista que cobra 110.000 euros al año.

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