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«La estimación que tenemos es que la creación del centro supondrá una inversión de 17 millones de euros en total en esta zona». Estas son las palabras de la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar, quien recuerda que es el Ayuntamiento el encargado ... de dar luz verde o de rechazar el proyecto y desgrana que esa inyección económica «se repartirá en la construcción del centro y otra serie de servicios que se pondrán a disposición no solo de los que vivan en el centro, sino de las personas del vecindario. Si se hace un polideportivo o una piscina, eso es un beneficio para el barrio y tenemos varios ejemplos por España», explicó la subdelegada un día después de la reunión en la que los vecinos de los barrios afectados mostraron su oposición centro.
Poco. Muy poco pudieron explicar los técnicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el proyecto de construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) frente al Hospital Río Hortega de Valladolid en la reunión informativa con los vecinos afectados del lunes. El Centro Cívico Delicias se llenó para la ocasión, aunque la mayoría de los asistentes no se mostraron muy predispuestos a escuchar, sino que llegaron para ser escuchados, portando carteles y cantando consignas en contra de la construcción del centro. Los integrantes de la mesa que debían informar acabaron escuchando las demandas vecinales, sin poder apenas explicar los pormenores del proyecto, del que sólo avanzaron unas pequeñas pinceladas que ya se conocían.
7.000 Esos son los metros cuadrados que se pretenden destinar al edificio principal.
2.000 Son los metros cuadrados dedicados a las instalaciones deportivas y de ocio.
700 Serán los metros cuadrados que, si se levanta el centro, tendrán las zonas verdes.
300 Serán los metros cuadrados de la parcela en los que se ubicarán los aparcamientos.
El centro tiene como funciones principales la acogida, alojamiento y manutención temporales (entre 18 meses y dos años) a solicitantes de protección internacional, refugiados y personas con protección temporal que carezcan de recursos económicos para hacer frente a sus necesidades y las de sus familias. La memoria justificativa refleja que el edificio principal proyectado contará, de hacerse finalmente, con 7.000 metros cuadrados, que se dotará también de unas instalaciones deportivas y de ocio de 2.000 metros cuadrados. Mientras, 700 metros cuadrados se destinarán a zonas verdes y 300 metros cuadrados, a aparcamiento.
Desde el Ministerio de Inclusión se recuerda que esas instalaciones deportivas se levantarán, si el proyecto sale adelante, merced a un acuerdo alcanzado con el Comité Olímpico Español. Además señalan que si el Consistorio rechaza el proyecto, esas instalaciones acabarán en otro lugar. «Con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento, se les solicitó a través de la Secretaría de Estado de Migraciones que nos comunicarán su intención de seguir o no con el proyecto. El Ministerio buscará otras ubicaciones en el caso de que el Ayuntamiento rechace el CAPI», sentencian desde el Ministerio.
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Marco Alonso
¿Y qué va a hacer el Ayuntamiento? Según explica el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, «lo que vamos a hacer desde el equipo de Gobierno es sentarnos, discutir, poner encima de la mesa las razones y de ahí saldrá una posición conjunta y común de todo el gobierno municipal», explica el concejal sin acotar con plazos la futura decisión. «Nosotros, dada la incertidumbre de los vecinos, trataremos de tomar la decisión a la mayor brevedad, pero el único plazo oficial que existe es que tenemos hasta el año que viene para ceder la parcela de la que estamos hablando», añadió el edil, al que no le gustó el clima que se respiró en el centro cívico Delicias durante la reunión informativa. «Ha sido un acto en el que han participado un montón de vecinos que venían un poco condicionados para expresar sus opiniones de una manera vehemente. De lo único que se trataba era de escuchar sus razones al ministerio y no cumplió bien su propósito, porque la actitud no fue la mejor», explica.
Sobre la posibilidad de ubicar el centro en otro lugar de la ciudad, como reclaman los vecinos, Zarandona señala que «lo valoraremos. Mucha gente, en privado, te dice que está de acuerdo con estos centros, pero que no se hagan al lado de su casa. Me temo que si nosotros ahora ubicamos esto en otra parcela, volveremos otra vez por el mismo camino, con las mismas situaciones de tensión», augura el concejal, que reconoce que la pelota está en el lado municipal, aunque las prisas para resolver el asunto llegan por parte del Ministerio de Inclusión. «Ellos andan más apurados por plazos solo por una razón: si el centro destinado a Valladolid no se lleva a cabo, tienen que empezar una tramitación desde cero y buscar otra ubicación», asevera Zarandona, quien sostiene que la tensa reunión con los vecinos fue un paso más hacia la decisión final. «Nos parecía más adecuado mantener un periodo de escucha, de reflexión y tomar las decisiones con fundamento», concluye.
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