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Para reforzar la atención a los 42.575 usuarios que viven en residencias de mayores y centros asistenciales de Castilla y León y la seguridad del personal que trabajan en ellos, la Junta aprobó ayer un decreto ley de medidas extraordinarias para intentar paliar los efectos de la situación actual derivada de la covid y prevenir y afrontar los riesgos derivados de otras contingencias de carácter similar que pudieran acontecer en el futuro. Para la previsión de futuros rebrotes del coronaviruos «o ante la aparición de otras crisis de salud pública», los 1.214 centros residenciales tendrán que disponer de su propio depósito de existencias, «al menos durante cinco semanas», de equipos de protección individuales (EPI) y del material necesario para la atención a los usuarios. Dicho acopio de existencias también deberá incluir material de protección para uso de los residentes, «en número proporcional a la ocupación real del centro y en función de las necesidades reales de atención».
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Además, las entidades titulares de los geriátricos, ante situaciones extraordinarias de salud pública, «deberán, una vez asegurada la suficiencia de sus propias necesidades, comunicar el remanente de sus existencias disponibles» a la Junta, que es la administración competente en materia de Servicios Sociales.
El decreto obliga a las empresas a contar con un plan de contingencia que refleje «la experiencia acumulada durante este tiempo en la lucha contra los efectos de la pandemia». Dicho plan «será el instrumento fundamental para la óptima dirección y gestión de los centros residenciales» y recogerá «un conjunto de directrices para la prevención y seguridad ante situaciones de crisis de salud pública como la vigente».
El plan de contingencia, precisa la Consejería de Familia, deberá estar adaptado a las características propias de cada centro y, para prestar los servicios, tendrán que delimitarse áreas diferenciadas formadas por agrupaciones de usuarios en un número limitado. Serán atendidos por un equipo de profesionales que no rotarán, con el fin de que se permita una inmediata compartimentación de las dependencias del centro y evitar así la rápida propagación de enfermedades. Para facilitar a las titulares de los centros de atención social residencial implementar este plan, la Administración regional pondrá a su disposición una guía con su contenido mínimo que 'colgará' en su sede electrónica.
En este sentido de 'compartimentar' los espacios, macroresidencias de mayores como la de Cardenal Marcelo, de la Diputación de Valladolid, ya estudian reducir el número de usuarios y que se alojen en habitaciones individuales, con el fin de reducir al máximo el riesgo de contagio.
El decreto de la Junta también contempla reforzar la información, control y formación del personal de los centros residenciales para garantizar la fluidez y continuidad de la información que se debe facilitar a los usuarios y a sus familiares, por medios accesibles, en cualquier circunstancia. Esta información, que deberá facilitarse a la persona designada por cada residente o por su tutor legal, «versará sobre la situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés».
Las empresas, además, tendrán que facilitar la formación del personal en los mismos ante emergencias sanitarias sobre medidas de autoprotección, desinfección y limpieza de las distintas zonas del centro. Será competencia de la dirección garantizar que los trabajadores cuenten con la formación suficiente para afrontar estas situaciones y «especialmente para el adecuado uso de los equipos de protección individual (EPI)».
Tras la polémica por la aplicación de una tasa covid de 85 euros al mes hasta diciembre en las residencias de mayores gestionadas por el grupo Colisée, la empresa asegura ahora que va a ser un pago voluntario. Así se lo ha comunicado a Antonio Méndez, alcalde de Macotera, localidad salmantina donde gestiona la residencia del Ayuntamiento.
Méndez criticó que el grupo francés, con once centros en Castilla y León, no se pusiera previamente en contacto con el Consistorio «como era su obligación» y señala que en la carta remitida a las familias de los mayores «se utilizan frases que no se entienden y muchos se han puestos nerviosos» por lo que las llamadas al Ayuntamiento han sido constantes. Después fue cuando le llamó el director general de la empresa en España y «me aseguró que no se obligaba a nadie a pagar la tasa, pero ya se había asustado a la gente mayor» y además «hay muchas personas justas de dinero y si tienen que pagar 85 euros más durante los próximos siete meses, con la situación de crisis económica que tenemos, muchas familias no van a poder ayudarles y se preguntan si los van a echan a la calle si no pagan». Méndez opina que «se han equivocado en las formas y en la fórmula, porque si es verdad que se le han incrementado los gastos, podrían cobrarlo más repartido». El regidor sospecha que quizás la empresa haya dado marcha atrás en el cobro obligatorio «una vez que comenzaron a intervenir familiares que ya entienden más» y porque además «la normativa del Estado dice que no se pueden cobrar esas tasas», y al final «puede que la retire».
También se establece «la habilitación en materia de personal de las administraciones públicas para reforzar las funciones de seguimiento, control e inspección, en situaciones excepcionales de salud pública», de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre función pública de la comunidad.
El decreto contempla una linea de dos millones de euros para subvenciones «directas y rápidas» que ayuden a sufragar los gastos de adquisición de EPI a las entidades privadas sin ánimo de lucro titulares de centros residenciales. Será subvencionable la adquisición de guantes, gafas, mascarillas, batas, botas y la de test de diagnóstico rápido, serológicos y otro tipo de pruebas; la compra de material para los usuarios, como mascarillas; la asistencia externa para desinfección y el asesoramiento a trabajadoras y usuarios de los centros en materia de prevención de contagios.
Los expertos
Las ayudas se concederán según el orden de entrada de la solicitud en el registro electrónico mientras exista crédito suficiente. La cuantía de la subvención será del 80 % del gasto subvencionable y hasta un máximo de 2.000 euros por cada centro residencial de cada entidad beneficiaria que lo solicite.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, señaló en relación a la petición de UGT para el cese de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que «cuando se realiza una descalificación global de una gestión se debe decir en qué se apoya». El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Tomás Pérez, pidió el miércoles al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la destitución de Blanco y de todo su equipo por no «dar la talla» en la gestión de los Servicios Sociales durante la pandemia. Igea apostilló que la tasa de mortalidad de mayores, en una comunidad con un 25% con más de 65 años y el /% en residencias, no es superior a la de otros territorios.
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