García Sanz, exalcalde de Íscar, declara como investigado el jueves por las obras de la Plaza de Toros

El exmunícipe había sido citado a declarar el día 25 de abril, junto con el que fuera concejal de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez.

La investigación, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, tiene su origen en la auditoría que el actual equipo de gobierno, dirigido por Luis María Martín García, encargó a una empresa externa en cumplimiento del programa electoral en el que éste se comprometió a auditar las cuentas de su predecesor en el cargo a fin de que los vecinos de la localidad tan sólo puedan pedir explicaciones al nuevo Ejecutivo municipal a partir de 2015, fecha en la que pasó a hacerse cargo del Consistorio.

El estudio de las cuentas entre 2002 y 2015 elaborado por la empresa NuVe Consulting, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas,. fue puesta directamente por el equipo de gobierno en manos de la Fiscalía ante la existencia de posibles irregularidades y ésta acordó remitir la auditoría a un juzgado para la instrucción de las pertinentes diligencias, que en este caso han recaído en el número 5.

En el capítulo de recomendaciones del auditor externo se aconsejaba al nuevo equipo poner en manos de la Justicia las obras de la Plaza de Toros, también denominada Centro Multiusos, cuyo presupuesto inicial era de 2,3 millones de euros y finalmente se disparó hasta los 5,7 millones, de los que el Consistorio afrontó de sus propios fondos 3,8 millones y el resto, 1,9, vía subvenciones (el 34%).

La empresa auditora constata la existencia de un único contrato inicial adjudicado y «numerosas e importantes desviaciones» y «modificaciones sustanciales» del mismo que, a priori, superan los límites permitidos del 20 por ciento, por los que éstas tendrían que haber salido a concurso público, en lugar de ser ejecutadas por la misma empresa.

En el informe se advierte de que el director de obra no tiene capacidad de modificar el contrato, sino de proponer su modificación al órgano de contratación--el pleno--, que es el que debe aprobar el proyecto modificado, algo que no se realizó en este caso pese a los informes en contra de Intervención (7-07-2009) y Secretaría (09-07-2009) y que por ello sería motivo o causa para la resolución del contrato.

Junto con lo ocurrido respecto del Centro Multiusos, cuyas obras aún no han sido concluidas y podrían suponer un mayor coste, NuVe Consulting pone también en 'solfa' y recomienda iniciar acciones legales para analizar posibles irregularidades en los honorarios que el entonces arquitecto técnico, José Luis P, percibió en esta etapa, en la que existía un acuerdo plenario para abonarle el 50 por ciento de sus honorarios cuando actuara como arquitecto superior. Sin embargo, en la mayor parte de las facturas no especifica el descuento correspondiente.

El caso es que el arquitecto municipal percibió durante dicha etapa un total de 488.464 euros, superando las cantidades establecidas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para poder ser adjudicados directamente, con lo que tales servicios deberían haber sido licitados públicamente.

En dicho análisis se hace también referencia a los más de 75.000 euros que el arquitecto percibió del Consistorio en concepto de indemnización por su despido (32.745 euros en 2014 y 42.974 euros en 2015), cuando el indemnizado se encontraba a punto de jubilarse.

Pero además, el juzgado habrá de investigar si el arquitecto incurrió en un conflicto de intereses en los modificados de obra del Centro Multiusos, ya que el aludido, además del puesto técnico que ejercía en el Consistorio, obtenía también ingresos por las sucesivas modificaciones del proyecto puesto que, al mismo tiempo, se encargaba de la dirección de esas obras para la empresa adjudicataria.

El entonces regidor de aquella etapa, el 'popular' Alejandro García Sanz, y el arquitecto municipal, José Luis P, ya ocuparon el banquillo del Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid en 2013, junto con dos ediles y el secretario, acusados de un delito de prevaricación por hechos ocurridos en febrero de 2006 con motivo de la concesión de una licencia de obra para reconstruir la nave de una empresa que se ejecutó con un exceso de edificación y en contra de la normativa urbanística.

En aquella ocasión la causa concluyó en sentencia absolutoria más tarde confirmada por la Audiencia de Valladolid, que desestimó el recurso de apelación de la Fiscalía al no encontrar indicios de delito en la conducta de los imputados. «En este caso el linchamiento moral y político sufrido fue total», lamenta el exalcalde, quien insiste en que se encuentra «absolutamente tranquilo» con respecto a la presente investigación abierta sobre su etapa.

Durante aquel el juicio, los absueltos defendieron su actuación a la hora de conceder la licencia, que el arquitecto municipal justificó en la «urgencia» de la obra tras la nevada caída en el municipio, que provocó una situación «crítica», con una estructura de una nave en la que era «imprescindible» actuar por ser «altamente» y «tremendamente» peligroso cómo se encontraba.