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El futuro centro de acogida de personas refugiadas junto al Hospital Río Hortega de Valladolid aún está en el aire. El Ayuntamiento todavía no ha tomado una decisión sobre la continuidad o no del proyecto, al que se comprometió Óscar Puente durante el anterior mandato y que ahora ha heredado el equipo de Jesús Julio Carnero. «No hay ninguna decisión al respecto. Ni el Ayuntamiento ha decidido cancelar el proyecto ni tomaremos decisiones sin tener todos los datos; queremos información más precisa», remarca el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona.
Así, para «poder recabar todos los datos y contar con toda la información», el edil remitió una carta hace dos semanas a la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, con el objetivo asimismo de dar respuesta a las alegaciones presentadas al proyecto durante la fase de información pública. «Hemos recibido alegaciones de vecinos y particulares y se están analizando, pero por lo demás no hay ningún avance, ni para cancelar el proyecto ni para seguir adelante con él. Lo único que hemos pedido al Ministerio es que nos explique cuáles serían las características técnicas del edificio y el tipo de alojamiento», continúa Zarandona.
Esta información se solicitó, incide el edil, para poder continuar con el procedimiento administrativo ordinario. Previamente, el Consistorio vallisoletano recibió una misiva del Gobierno de carácter «urgente» en el que les instaba a «impulsar la parcela». Como respuesta, el responsable de la cartera de Urbanismo y Vivienda dijo que «había habido un cambio de Gobierno» y debían estudiar el asunto.
En cualquier caso, el Ayuntamiento aún tiene margen de maniobra, pues no es «hasta mediados del próximo año» cuando se debe formalizar la cesión definitiva del solar, ubicado en el número 18 de la calle Dulzaina. Con todo ello, lo que busca evitar el nuevo equipo de Gobierno del Consistorio vallisoletano, formado por Partido Popular y Vox, es no asumir compromisos del anterior mandato.
Por su parte, la Asociación de Vecinos Nuevo Hospital mantiene su «postura inicial»: el barrio tiene «ahora mismo otras prioridades, muchísimas otras necesidades». Su presidenta, Laura Martínez, señala que el barrio ya cuenta con «espacios similares» y «urgen más» otros servicios en una zona que está en pleno crecimiento. La agrupación vecinal recogió en torno a 600 firmas, hace ya tres meses, para mostrar su oposición a la instalación de un centro de refugiados en el entorno. También presentaron alegaciones, de las que «de momento» no sabe «nada». «Cuando nos hemos reunido con el Ayuntamiento, nos han dado a entender que el asunto estaba un poco parado. Logroño y Cantabria tenían la misma situación y ambas la han rechazado; ya tenemos unos antecedentes y nos queda la esperanza de que aquí pase lo mismo», argumenta la representante vecinal.
Cabe destacar que el Pleno del pasado 9 de mayo –gobernaban PSOE y Toma la Palabra– aprobó la cesión gratuita al Ministerio de la parcela, de 10.381 metros cuadrados, para levantar un centro de refugiados.
Este solar, ubicado en el Plan Parcial Canterac, está destinado a «usos de carácter colectivo o equipamiento territorial», de forma que podría proyectarse allí el citado espacio de protección internacional, en base al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por otra parte, en cuanto a la capacidad del centro, la idea es que pueda acoger hasta a doscientas personas vulnerables de forma temporal y generaría quince puestos de trabajo propios (abogados, asistentes sociales...) más otros veinticinco externos para realizar tareas como seguridad, mantenimiento, lavandería y limpieza.
Hace unos días, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, anunció la decisión del Ayuntamiento de rechazar la construcción de un centro de refugiados al considerar que «no es una fórmula idónea» de atención a los refugiados. Asimismo, planteó la posibilidad de «trabajar en un proceso personal de acogida» de una manera «responsable y ordenada». Con esta medida, la capital riojana se sumó así al Gobierno de Cantabria, que ya rechazó levantar un centro de refugiados en su territorio. La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, remitió una carta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que defendía abrir un centro de dependencia en el espacio proyectado uno para instalar uno de refugiados, las instalaciones del Psiquiátrico de Parayas (Camargo), en desuso desde 2016. La presidenta justificó esta respuesta en que la atención de mayores es una prioridad por el elevado envejecimiento de la población en la comunidad.
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