Funcionarios y opositores planean abrir la vía judicial para tumbar la ley de interinos

Precisamente, el Boletín Oficial de Castilla y León ya ha publicado los concursos para el ingreso en la Junta en la administración general, administración especial y administración sanitaria, con plazo abierto de inscripción hasta el 30 de diciembre. Estas tres convocatorias son las primeras derivadas de la Ley 20/2021 para reducir la temporalidad en las administraciones, a las que deben sumarse antes de fin de año el resto de las convocatorias de estabilización mediante concurso, con las que se otorgará la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo «sin necesidad de haber superar ninguna oposición».

De esta forma, la oferta de empleo público de la Junta destina 2.636 plazas a la estabilización de funcionarios no docentes y personal laboral temporal. A las que se suman otras 1.324 plazas de funcionarios docentes y 5.840 plazas de personal estatutario.

La Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, regula que las plazas ocupadas por interinos y laborales temporales se deben cubrir sin opositar cuando estuvieron ocupadas más de cinco años consecutivos, o se deben cubrir mediante un concurso-oposición, a juicio de esta asociación, «muy ventajoso para las plazas que estuvieron ocupadas entre tres y cinco años». «Con ambos casos, se obtiene la condición de funcionario de carrera o laboral fijo en la administración sin haber superado ningún proceso selectivo tradicional», recalca Requena Flores.

A raíz de esta ley nació hace aproximadamente un año la asociación Defensa Turno Libre, que a través de las aportaciones económicas de funcionarios de carrera, personal laboral fijo, funcionarios y laborales opositores y opositores de turno libre han decidido formalizarse para acudir a la vía judicial contra La ley 20/2021 y sus procesos derivados, porque «las soluciones planteadas hasta la fecha incumplen de manera manifiesta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública».

«Las administraciones públicas son las máximas responsables de la temporalidad y los sindicatos sus valedores cómplices. Pero la solución al problema ha sido crear otro mayor, que supone un agravio a los funcionarios, muchos se dejaron años de estudio o desplazamientos, y un agravio a los opositores que verán seriamente mermadas las siguientes ofertas de empleo público. No estamos en contra de las personas interinas. Cobran merecidamente por su trabajo como cualquier empleado que desempeña una tarea profesional», explican desde la asociación.

Y es que para esta asociación, que ya se concentró a principios de año en Valladolid, la solución pasa porque las administraciones convoquen ofertas públicas de empleo amplias y con todas las plazas ocupadas por interinos, mediante concurso-oposición como sistema extraordinario. «Que la fase de concurso tenga un peso que facilite razonablemente las posibilidades de los interinos, pero nunca regalar la plaza como se pretende ahora», agrega.

Asimismo, denuncian casos como el de Sandra. «Soy funcionaria de carrera desplazada en Castilla y León y no puedo presentarme a la estabilización mediante concurso de méritos de La Rioja para tratar de conseguir la plaza allí. Cuando pueda participar en un concurso abierto de traslados, esas plazas ya estarán cubiertas por interinos que han sido convertidos en funcionarios. A esas plazas no he tenido nunca la oportunidad de acceder, porque estuvieron ocultas y nunca salieron a una oposición, y ahora que salen a la estabilización, por ser funcionaria de carrera en otra comunidad, tampoco tengo la posibilidad de acceder. En mi caso, el ser funcionaria de carrera, en vez de beneficiarme me está perjudicando», recalca Sandra.

Por estos motivos, la asociación ya ha presentado recursos contencioso-administrativo contra las ofertas públicas de empleo de estabilización de empleo temporal de larga duración en Galicia, Cataluña y el Ayuntamiento de Madrid, y, al igual que en Castilla y León, tienen como objetivo común «llevar a examen», ante el Tribunal Constitucional, la Ley 20/2021.