La mujer de Lino Rodríguez reclama a Asaja 27.819 euros de un trabajo que hizo «a pico y pala»

La Fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que los tres encausados son responsables de falsedad documental y además, a la economista Ana de la Fuente le atribuye un delito de estafa procesal. Solicita penas, para cada uno de ellos, de un año y nueve meses de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de 10 euros.

De ser considerado culpable, Rodríguez sumaría una nueva condena a las tres penas de cárcel (15 años y seis meses en total por estafa de subvenciones publicas, administración desleal y malversación de fondos públicos durante su gestión al frente de Asaja Valladolid) que ya está cumpliendo en el centro penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava) y desde donde fue trasladado para asistir al juicio que se desarrollará hasta el jueves en el tribunal vallisoletano.

Después de que no prosperara el intento de su defensa de suspender el juicio incluso impugnando la legitimidad de Asaja para personarse como acusación particular en el caso y cuestionando la credibilidad de algunos de los testigos propuestos, Lino Rodríguez fue el primero en declarar a las preguntas de la fiscal.

El expresidente de la organización profesional agraria corroboró que durante un tiempo fue el administrador de Sodeprin hasta que su esposa tomó el relevo en la asesoría, a la que Asaja, durante todo su mandato, realizó encargos «verbales» sin necesidad de formalizar contratos de servicios, pero que este, fechado el 9 de abril de 2015, fue refrendado por el comité ejecutivo y la junta directiva después de que se quedara vacante «de un día para otro» el puesto del técnico de la oficina de Medina del Campo y todos estuvieron de acuerdo en realizar el encargo a Ana de la Fuente.

Rodríguez ha insistido en que «se acuerda» de que el 7 de abril, dos días antes de firmar ese contrato, se celebró el consejo por la mañana y la posterior junta «porque había que tratar una sanción de la Agencia Tributaria y si aceptábamos el expediente fiscal tenía que ser por acuerdo de gobierno de Asaja». Fue en ese consejo, ha insistido, cuando se acordó por unanimidad contratar a Sodeprin y formalizar dicho contrato de servicios «y no a posteriori para que Sodeprin pudiera reclamar a Asaja esa factura».

También ha asegurado tener constancia de que su esposa había solicitado reiteradamente el pago de los 27.819 euros pero que se le decía que esperara porque en ese momento la organización no tenía fondos suficientes. Respecto de este tipo de servicios, Asaja se encargaba de facturar al socio por los trabajos realizados y luego pagaba a Sodeprin por esos trabajos.

Rodriguez ha subrayado que el de Sodeprin era «un contrato más», que ellos denominaban «cero» y que era un modelo que se utilizaba siempre a la hora de contratar servicios con otras empresas y que si no lo habían aportado cuando la nueva dirección de Asaja se lo reclamó es porque «la organización tenía otra copia que se quedó en la sede, como otros documentos que nos reclaman», ha apostillado el exdirigente agrario ante la insistencia del letrado de la acusación particular (que sufrió varias amonestaciones del magistrado presidente del tribunal para que se ciñera al objeto del juicio, el contrato, y no desviara sus preguntas a la gestión y organización de Asaja).

Su esposa, Ana Isabel de la Fuente, ha indicado en su declaración respecto de este contrato que no habría sido necesario formalizarlo porque disponía de la factura (emitida el 27 de diciembre de 2016) y había realizado un trabajo durante año y medio que estaba totalmente justificado. «Pasa un año hasta que pongo la demanda y me denuncian penalmente», concluyó.

El último en declarar fue Enrique Vallejo, vocal de la junta directiva que hizo las veces de secretario accidental en el consejo de administración donde se decidio contratar a Sodeprin. Vallejo señaló que firmó dos copias del contrato algunos días después de ese comité de 7 de abril de 2015 y que en ellas ya estaba la firma del presidente pero no la de Ana Isabel de la Fuente y que desconocía si en esos documentos estaba estampado el sello de Asaja.

Mañana se reanuda el juicio en la Audiencia de Valladolid.