La Fiscalía no investigará a la Junta por no derivar a los ancianos a los hospitales

Tras analizar la documentación elaborada a partir del 20 de marzo por la Junta con los protocolos de actuación en los centros asistenciales durante los momentos más graves de la pandemia, el ministerio público concluye que en los hechos denunciados «no se aprecia la concurrencia de los requisitos que tipifican el delito de denegación de asistencia sanitaria o abandono de servicios sanitarios« ni tampoco, sostiene, se percibe que exista una «conducta omisiva, pues no se ha dejado de asistir sanitariamente a los residentes de los centros de mayores». Tampoco ve prevaricación administrativa en las decisiones de la Junta que se adoptaron, indica, siguiendo criterios médicos.

La resolución de la Fiscalía considera que «en uno de los momentos de mayor incidencia de la pandemia en Castilla y León (también en los centros residenciales), con un sistema sanitario saturado o al borde del colapso, los enfermos y residentes estuvieron sometidos a un control médico y sanitario». Con ese fin, «se estableció un sistema que aseguraba la atención sanitaria en residencias de carácter social», argumenta, en alusión a la creación de los equipos covid residencias que, «compuestos por médicos de familia, especialistas en intensivo, medicina interna y paliativos, supusieron la integración de la atención primaria y la atención hospitalaria y se convirtieron en soporte sanitario de las residencias de ancianos». Sostiene que «se adoptaron las medidas necesarias para asegurar los cuidados médicos y hospitalización a domicilio (prescripción de oxigenoterapia, suministro de medicación de uso hospitalario o tratamiento antibiótico intravenoso) que permitían una asistencia médica con las debidas garantías sin necesidad de desplazamiento a los hospitales salvo que este fuera necesario».

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, expresaba ayer su decepción al serle notificado el archivo y ha solicitado una entrevista con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de quien espera, señaló, una respuesta diferente.

Quién por el contrario no ocultó su satisfacción fue el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien, al conocer la noticia , manifestó que «los números no dejaban lugar a dudas». En opinión de Igea, este archivo de las diligencias avala la gestión de la crisis sanitaria en los centros asistenciales de Castilla y León y «viene a dejar claro» que los números de traslados de mayores desde sus residencias a los hospitales por el coronavirus, unos 4.500 en toda la crisis y unos 800 entre el 20 de marzo y el 16 de abril, momento en el que estaba vigente el documento que aconsejaba a los médicos primar la hospitalización domiciliaria en los propios centros residenciales, «no dejaban lugar a dudas», informa Efe. «Me alegro de que haya sido así de rápido», concluyó el vicepresidente, a propósito de la pronta resolución de las diligencias preliminares.

La decisión de archivo de esta denuncia la comunicaba la Fiscalía Superior poco después de que la Fiscalía General del Estado hiciera público el estadillo semanal de actuaciones civiles y penales relacionadas con residencias. El último sobreseimiento consignado por la FGE era una denuncia sobre una residencia de Burgos.

En estos momentos, en la comunidad están 'vivas' 20 investigaciones, mientras que otras tantas se han archivado, bien por ser «genéricas» o porque el ministerio público no ha visto causa penal en algunos de los hechos denunciados por asociaciones, partidos políticos, sindicatos o particulares, aunque algunas de las reclamaciones sí pueden tener recorrido en la vía civil. También en los juzgados de la comunidad hay en trámite cinco diligencias, después de que hayan sido sobreseídas otras tantas.

La Fiscalía Superior de Castilla y León ya archivó este miércoles la denuncia más reciente del Defensor del Paciente a propósito del rebrote confirmado por la Consejería de Sanidad en dos residencias de Valladolid hace dos semanas. Con anterioridad derivó a la Fiscalía de Valladolid la primera denuncia que entró durante la pandemia, por la gestión de la crisis sanitaria en la Casa de la Beneficencia, donde se ha registrado un alto contagio y han fallecido más de una treintena de residentes. Estas diligencias permanecen en trámite, al igual que otras seis investigaciones más.