La Fiscalía de Valladolid pide tres años de prisión por corrupción de menores y abusos al excapellán de Angustias

El pasado 2 de octubre, el juez cerraba la instrucción del caso del sacerdote que mandó un vídeo de contenido sexual a una menor. El auto extendía la imputación a la madre de la niña, una indigente, aunque esta y la tía de la niña se encuentran en paradero desconocido desde hace meses.

El auto considera probado que el cura, que desde su detención se encuentra en libertad con cargos y está apartado de sus funciones por el Arzobispado, envió por una red social a la menor una grabación de contenido sexual y que trató de ganarse los favores de la niña con regalos. También existirían indicios de que la madre, una indigente que mendigaba a la puerta de la parroquia, así como personas de su entorno, podría haber intentado obtener un beneficio económico chantajeando al cura con la grabación pornográfica, pactando una cantidad de dinero para no hacer pùblico el caso.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 1 atribuye al sacerdote en el auto de imputación un delito contra la libertad e indemnidad sexual a menor de 16 años al excapellán y solicitó la apertura de juicio oral.

Según el auto judicial, el investigado, que conoció a la menor, de 13 años, porque acompañaba a su madre a pedir limosna a la iglesia, le regaló un teléfono al que le envió un vídeo de contenido sexual en diciembre de 2019. Desde entonces, intercambiaron conversaciones, frases y fotografías de contenido sexual explícito. A partir de cierto momento, la niña comenzó a realizar al encausado peticiones de índole económica a cambio de no denunciarle a la Policía.

El Juzgado mantiene abierta otra investigación paralela a la madre y a la tía de la menor para determinar si chantajearon al sacerdote. La causa está abierta por un supuesto delito del artículo 171.2 del Código Penal (regula el chantaje dentro del capítulo de las amenazas), a la espera de poder tomar declaración a las investigadas, que están en paradero desconocido.

El pasado 5 de febrero, la progenitora de la menor, que tenía cita para ratificar la denuncia ante el juez, quien también iba a llevar a cabo la exploración (interrogatorio a menores) de la hija, dio «plantón» al instructor. La mujer, I. T., natural de Rumania, y su hija tenían residencia temporal en Valladolid, en el domicilio de la tía de la niña. Al parecer, se les había ofrecido por parte de la Policía acompañamiento para acudir al juzgado, pero ellas rechazaron esa opción e indicaron que preferían acudir con su vehículo, así que quedaron con su abogado a las puertas de los juzgados. La espera se prolongó durante casi una hora. Finalmente, el magistrado ordenó al equipo de Mujer-Menor la localización de madre e hija, una tarea que ha sido infructuosa a dia de hoy y se sospecha que lleven meses fuera del país.