La Fiscalía de Valladolid ve indicios de delito y manda al juzgado el proyecto fallido de Meseta Ski

El expediente de Meseta Ski fue remitido el pasado 14 de agosto por el ministerio público al Juzgado de Instrucción 4, en funciones de guardia. No será hasta la próxima semana, la primera de septiembre, cuando el asunto será turnado desde el Decanato al juzgado que finalmente se ocupará de estas diligencias y determinará si archiva la denuncia o se sigue adelante con el procedimiento penal.

Los portavoces en la Diputación del Grupo Socialista, Sí Se Puede y Toma la Palabra de la anterior Corporación provincial denunciaron ante la Fiscalía que el contrato pasó de 4,06 millones a comprometer ingresos a favor del contratista de 20,6 millones, si bien el contrato se resolvió de forma anticipada por las sentencias desfavorables a Sodeva, así que finalmente se ejecutó por un importe de 12 millones. Subrayan que la obra se adjudicó vulnerando los requisitos de la contratación pública y que, presuntamente, «urdieron y acordaron la ocultación del verdadero importe de los ingresos comprometidos, así como el verdadero volumen de obra pretendido y ejecutado con objeto de posibilitar trato de favor al contratista».

El proyecto Meseta Ski nació en 2006, cuando el equipo de Gobierno del Partido Popular en la Diputación acordó construir una pista seca en Villavieja del Cerro como centro turístico para crear empleo. La Diputación financió, construyó, pagó el complejo de ocio, que resultó controvertido desde el principio, cuando se recurrió la primera licencia para construir la pista en una de las laderas del cerro de San Juan sobre unos terrenos incendiados en 1999. Ecologistas en Acción se acogió a la Ley de Montes, que prohibía construir en terrenos no urbanizables en los 30 años siguientes al incendio, y emprendieron en 2007 una batalla judicial en la vía contenciosa contra los intentos de la Diputación y la Junta de sacar adelante el proyecto, incluso con la declaración de interés regional para blindar el proyecto e intentar sortear la sentencia de demolición.

Tras casi ocho años de pleitos, obras intermitentes y 13 sentencias en contra, finalmente el Tribunal Constitucional zanjó la cuestión en 2014 y dejó el complejo deportivo y de ocio sin cobertura legal al considerar inconstitucional la declaración de interés regional otorgada por la Junta. La Diputación tuvo que acatar la sentencia y desmantelar lo construido.

Cerrados el capítulo administrativo y «al margen de la responsabilidad política» como puntualizan los denunciantes, se abre ahora la vía penal, al estimar la Fiscalía la denuncia de PSOE, VTLP y Sí se Puede para que se investigue y, en su caso, se determine la autoría, de «posibles delitos de falsedad documental, prevaricación y cohecho». El PP es el único de los cinco grupos que considera que no hay indicios de irregularidades penales. PSOE, VTLP y Sí se Puede insisten en que el máximo responsable fue el partido gobernante, el PP, con Alfonso Centeno, entonces presidente de Sodeva (Sociedad de Desarrollo de Valladolid), y Ramiro Ruiz Medrano, que era presidente de la Diputación. PP y Ciudadanos sostienen que esa tesis está coja porque habría que incluir en las responsabilidades al PSOE, a la constructora Corsán y a los técnicos que erraron en las fases del proyecto.