La Fiscalía recurre el archivo de la causa del PGOU de Valladolid para diez de los 14 acusados

En concreto, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid acordó el pasado 4 de octubre el sobreseimiento del proceso de supuestas irregularidades en el PGOU para 10 acusados, al considerar prescritos los delitos presuntamente cometidos en relación a la manipulación cometida entre 2002 y 2007 para favorecer a determinados empresarios.

Así la resolución del juez declaró prescritos los delitos que se les imputaba a G.J.G., R.H.M., P.L.M., F.C.B., J.A.A.R., J.L.G.T., E.J.G.T., J.L.M.M., A.R.P.G. y L.C.C. y mantenía en el banquillo al exconcejal José Antonio García de Coca y a los técnicos municipales.

En consecuencia, se decretaba el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones respecto a todos ellos, aunque contra este auto la Fiscalía o la acusación particular, que ejerce la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', podrían interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, algo a lo que finalmente presentó el Ministerio Fiscal.

El tribunal de la Sección Cuarta decidió el 19 de septiembre suspender temporalmente la vista oral del juicio del llamado 'caso PGOU', hasta resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados, que solicitaron la prescripción de los delitos y la vulneración del derecho a la defensa al no disponer de la documentación completa de toda la causa y por irregularidades en la instrucción.

La Fiscalía vallisoletana solicitaba las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita. A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro contra el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

En cuanto a los empresarios, la Fiscalía pedía dos años y medio de cárcel para Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel Marqués de la Ensenada.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que a los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

Por último, la acusación particular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pedía las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, mientras que también acusaba al sacerdote Lino Collazo, entonces responsable de la Fundación Emilio Álvarez.