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El Ministerio Fiscal ha recordado que «la asistencia presencial del alumnado constituye una obligación ineludible para los padres o tutores» y que, por lo tanto, su «desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad».
Así lo ha explicado después de las reuniones llevadas a cabo con los Ministerios de Educación y Sanidad y con representantes de las comunidades, para fijar unos criterios de cara al absentismo este curso, que seguirá procesos similares a los de años anteriores.
Los centros deberán comunicar los partes de no asistencia y en casos «repetidos y no justificados» el Ministerio Fiscal iniciará diligencias.
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