La Fiscalía rebaja la petición de penas al testaferro y cerebro de la estafa de jamones

Abellán, supuesto cabecilla de la trama, y López, testaferro de la empresa Dismarianga, se han sentado esta semana en el banquillo por adquirir mercancías, en su mayoría de productos cárnicos y lácteos, sin abonar el importe de los pedidos entre 2011 y 2012 a más de una docena de proveedores, ascendiendo esa cantidad a casi 500.000 euros.

La rebaja de la petición de Fiscalía ha sido admitida por la defensa de Diego López. Una merma que pasa de los cinco años y medio iniciales al año y medio al reconocer los hechos y ser el encargado de denunciar y colaborar con la policía en el inicio de la investigación.

Por su parte, el Ministerio Público se ha dirigido a José Abellán como el cerebro de la operación, a pesar de que su nombre no aparezca en el organigrama de la empresa, ni en los pagarés sin fondos que se daban para el abono de los encargos. «Lo ideal sería tenerlos, pero la policía considera fiable la declaración de Diego López. Hay que dar un valor judicial, para eso somos humanos, de lo contrario nos sustituirían por robots», ha recalcado la fiscal después de rebajar la petición de cárcel de siete años a cuatro años y medio.

Precisamente, la representante del Ministerio Público se ha agarrado a la declaración del acusado Diego López y de la única trabajadora, auxiliar administrativa, que tenía en nómina Dismarianga entre julio y diciembre de 2011. La trabajadora ha asegurado que durante los meses que estuvo contratada «no hacía nada». «El 90% de las horas estaba sola. No había movimientos y nunca recepcioné ningún camión», ha señalado la empleada.

Asimismo, la defensa de Abellán, que pide la absolución de su patrocinado, ha hecho hincapié en la «falsedad» de la declaración de Diego López. «No es la realidad, no es creíble. Hay que agarrarse a los hechos fácticos», ha reflejado en sus conclusiones.

Abellán y López son dos de los cinco acusados del delito de estafa. Otros dos, Antonio Mariano Gallego Hernández y José Javier Cortés García, se conformaron en su día con penas de dos años de prisión, mientras que Julián Abellán Tomás, el hijo del empresario, es el único que continúa prófugo.

Los cinco acusados, según el escrito del Ministerio Público, abonaban los pedidos iniciales, para así ganarse la confianza de sus víctimas y aparentar solvencia, para más tarde realizar encargos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.

Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Gerona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron género por importe global de 446.196 euros que no abonaron. Ni tan siquiera pagaron el material de oficina, por importe de más de 9.000 euros que encargaron a Papel y Complementos Castilla.

Para las acusaciones, José Abellán Navarro es el 'cerebro' de la estafa continuada y quien tomaba las decisiones, aunque no negociaba con los proveedores ni firmaba documento alguno «para evitar ser descubierto». Su hijo Julián, en paradero desconocido para la Justicia, daba servicio y apoyo y se encontraba en un tercer nivel, mientras que Diego López García figuraba como uno de los dos administradores y dueños de la mercantil, haciendo de pantalla o testaferro.