La Fiscalía pide penas de 206 años de cárcel por la estafa de los ataúdes

En su escrito de calificación provisional de 363 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la acusación pública imputa un rosario de casi una decena de cargos, como constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Las penas más duras las solicita para mujer del empresario funerario fallecido, María del Rosario V. L., y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario Morchón, a razón de veinte años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.

Respecto del resto de trabajadores, una veintena, las penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel. Así, la acusación pública interesa nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, seis para Justo M. G., casualmente el trabajador del grupo que se ocupaba de las cremaciones en el cementerio privado de Santovenia y que chantajeó al propietario de la empresa de pompas fúnebres, ya fallecido, y a partir del cual la policía 'tiró de la manta' para el esclarecimiento de los hechos, cuatro años para otro de los acusados, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados.

De la actividad ilícita investigada, según el fiscal, Funeraria Castellana y Parque El Salvador habría obtenido ganancias ilícitas igual al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta: por una parte, 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas.

Del total de 4.048.768,09 euros no consta que se haya beneficiado directamente ninguno de los trabajadores implicados en tales operaciones.

La acusación pública sostiene que desde el mismo momento en que se empezó a ofrecer el servicio de incineración de cadáveres en el Cementerio-Jardín Parque El Salvador, el empresario Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, como máximo responsable de Funeraria Castellana y Parque El Salvador, ideó un ilícito plan encaminado a obtener el mayor beneficio económico posible.

Dicho plan dependía directamente de los servicios de incineración que se realizaban en el Cementerio-Jardín y se articulaba en dos fases.La primera consistía en la retirada de los féretros a los difuntos, justo en el momento inmediatamente anterior a su cremación, desviando así el destino final a que venía obligada la empresa funeraria de efectuar la cremación del difunto junto con su féretro.

En un segundo momento, tras llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados, se ponían otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios, contraviniendo de este modo lo dispuesto tanto en la normativa nacional como autonómica que prohíben la reutilización de los féretros.

«Todas estas actuaciones eran desconocidas por los familiares y allegados de los difuntos que iban a ser incinerados y a los que se les privaba del ataúd en dicho proceso, pues a tales familiares se les negaba la posibilidad de ver la entrada al interior del horno crematorio. Pero también se ocultaban esas circunstancias a los familiares y allegados de los nuevos fallecidos a quienes se vendían como originales las arcas que ya se habían utilizado antes y que, en su mayor parte, iban a destinarse en ese siguiente uso a entierros o inhumaciones», recoge el escrito acusatorio.

La estrategia ideada por Ignacio M. A., a juicio del fiscal, requería de la necesaria colaboración de los diferentes empleados: de los trabajadores que realizaban los traslados de los fallecidos desde el tanatorio hasta el horno crematorio del cementerio y, posteriormente, llevaban los ataúdes de vuelta al tanatorio, y también de los empleados encargados de la propia incineración, pues estos tenían que participar directamente en los cambios de los ataúdes, siendo auxiliados por los conductores o por el personal que trabajaba en el cementerio.

En el escrito de calificación se hace referencia a que la actividad presuntamente delictiva de los investigados habría afectado a un total de 6.055 difuntos, cuyos familiares y herederos comparecerán en su día en un juicio que promete ser maratoniano.

La presentación de dicho escrito se produce después de que el Juzgado de Instrucción 6, encargado de la investigación, dictara el pasado mes de febrero auto de transformación de procedimiento abreviado contra la familia Morchón y una veintena de trabajadores de la funeraria Castellana implicados, supuestamente, en la trama.

La instructora del procedimiento judicial, abierto desde 2017 en el marco de la Operación Ignis, consideraba que hay indicios suficientes de un delito continuado de estafa agravada y/o apropiación indebida, blanqueo de capitales, profanación de cadáveres y pertenencia a organización criminal.

La magistrada encausó como responsables civiles a las entidades mercantiles Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador y dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, que representan a cerca de 6.000 fallecidos cuyos féretros destinados a la incineración, supuestamente, fueron cambiados por otros de menor valor para ser reutilizados los más caros para obtener un beneficio ilícito.

La instructora daba así por finalizada la investigación iniciada a finales de enero de 2019 sobre la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración por parte de un total de veinticinco personas, entre miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario, y empleados del grupo.

El periodo analizado comprende entre 1995 y 2015 y habría cerca de 6.000 afectados.

El propietario del negocio, Ignacio Morchón, de 75 años, ya fallecido, permaneció en la cárcel hasta que garantizó una fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.