Valladolid

La Fiscalía pide 542 años de cárcel para 63 acusados por estafar 740.000 euros a catorce bancos

Este es uno de los muchos ejemplos que la Fiscalía de Valladolid aporta en sus calificaciones sobre la acusación de 63 personas, cuyas penas de cárcel superan los 540 años, sobre una organización criminal liderada por Abel Ignacio B. C., José Manuel P. S., María Yolanda L. A. y Bernarda M. M.. Estos, según incide el fiscal, se concertaron para llevar a cabo operaciones bancarias, en las que a través de terceras personas solicitaban préstamos para la compraventa de coches de segunda mano. Ese dinero solicitado iba a parar a los cabecillas del grupo, quedándose una parte las personas que pedían el crédito. Para tal fin, los cabecillas, expertos en la materia, justificaban la solvencia con documentación que realmente no reflejaba su verdadera situación económica. Todo esto entre 2013 y 2016.

Durante esos años, la intención de los acusados siempre fue evitar la devolución de las sumas prestadas, si bien, en algunos supuestos, se efectuaron ingresos parciales en las cuentas de los prestatarios, y en otros se abonó la totalidad de las cuentas, con el fin de que los reiterados impagos no derivaran en la inclusión en los registros de morosos ni levantaran sospechas que obstaculizaran la continuidad de su actividad criminal.

La captación de sus 'clientes' por parte de los cabecillas se llevaba a cabo, en numerosos casos, de forma personal por Abel Ignacio, quien supervisaba las operaciones, controlando el momento de la solicitud y concesión del crédito al aparecer como intermediario o asesor financiero para generar credibilidad en todo momento. Un papel reseñable que supuestamente también tenían Bernarda y José Manuel. La primera al gestionar una empresa en Zamora, donde ya había completado operaciones en entidades de esa provincia, lo que facilitó ofrecer clientes a los mismos bancos en Valladolid. Por su parte, José Manuel, agente inmobiliario, permanecía en las inmediaciones de las oficinas. Antes ya había introducido en esta presunta trama a María Yolanda como persona de confianza. Ellos, al parecer, eran también los encargados de generar nóminas falsas, así como la vida laboral, además de completar alguna mensualidad para no levantar sospechas.

Y todo ello destinado para la compraventa de vehículos. Un negocio «inexistente» para cuya justificación se utilizaba un contrato tipo que se repite en once de las operaciones, y en cinco de ellas, el mismo BMW, propiedad de la mujer de Abel Ignacio. Nunca se efectuó tal transferencia ni modificación de su uso...

El producto de las operaciones «fraudulentas», después de pasar el importe del préstamo por la cuenta del solicitante, llegaba a manos de los organizadores de la red, bien mediante transferencias a sus cuentas corrientes, bien por ingresos de metálico en las mismas, o entrega del dinero en mano para evitar que esas cantidades fueran rastreadas.

Además, incide el escrito de Fiscalía, el control de las cuentas corrientes quedaba en manos de los cabecillas del grupo, a quienes los receptores de los créditos entregaban las claves necesarias para operar con ellas.

Entre los organizadores del presunto fraude se encontraba también Sergio P. A. (titular de dos empresas). Este acusado también recibía en sus cuentas ingresos procedentes de préstamos «fraudulentos», además de efectuar traspasos en concepto de nóminas ficticias a cuenta de otros acusados.

A partir de ahí, el proceder fue similar en todas las sucursales bancarias. Las oficinas de Caixabank del paseo Isabel la Católica y de las calles Santa Clara y Manuel Azaña fueron el inicio de esta trama. En especial esta sucursal, donde Bernarda hablaba directamente con la directora al conocerse de una época pasada, quien «no tuvo recelo alguno al conocer previamente a la acusada». Bernarda enviaba por correo electrónico un informe de la situación personal y económica del cliente y, posteriormente, la documentación que se requería desde la entidad para finalmente acompañar al cliente a la oficina y formalizar la operación. De ahí se aprobaron dos préstamos, uno de ellos por valor de 12.500 euros para la compra de un Honda Accord.

La Caja Laboral de la calle Héroes de Alcántara era 'trabajo' para María Yolanda, clienta de esta oficina e intermediaria en la concesión de créditos. Era conocida por empleados y eso facilitó varias operaciones como la futura compra de Opel Insignia por 13.000 euros, mientras que la oficina de paseo de Zorrilla era de José Manuel P. S.

Un listado de entidades bancarias que continuaba con Bankia (plaza Circular), ING (calle Ferrari), Banco Santander (calle Santa Clara, Mantería y paseo de Zorrilla), Caja Rural de Zamora (Fuente Dorada), Banco Popular, Bankinter, ONEY Servicios Financieros (se financiaron tres compras en Leroy Merlin, cuyas cuotas no se abonaron), Abanca, Finconsum (financiera de Caixabank), Carrefour Servicios Financieros, Banco Cetelem y Unoe Bank (filial de BBVA).

Salvo que se den acuerdos entre Fiscalía, las acusaciones particulares y los acusados, el macrojuicio se desarrollaría previsiblemente en la Feria de Valladolid entre el 16 de octubre y el 8 de noviembre.