La Fiscalía investiga la situación de siete enfermos psiquiátricos graves de Valladolid

Las familias de ocho personas con problemas graves de salud mental, la mayoría con esquizofrenia, sacaron a sus tutelados del centro residencial privado La Merced de Valladolid al considerar que el cambio prácticamente al completo del equipo perjudicaba seriamente su atención y equilibrio emocional. Uno de ellos falleció y otro volvió un mes más tarde al centro. Denuncian los afectados, y así lo hacen constar en más de media docena de cartas dirigidas a siete responsables de la Consejería de Familia y de la Junta –no han obtenido contestación–, que «como consecuencia del despido de casi todos los profesionales que integraban el equipo, nuestros tutelados empezaron a manifestar nerviosismo, malestar y descompensación psiquiátrica» debido a que los profesionales que los sustituyeron «ni seguían los protocolos ni dinámicas de tratamiento ni tenían experiencia con enfermos mentales». Lo recoge así una carta conjunta de seis de los familiares afectados dirigida a Servicios Sociales y en similares términos en otras de forma individual.

La Fiscalía de Valladolid, según fuentes judiciales, investiga la situación de estos enfermos que salieron en septiembre de La Merced, en cuanto a su atención, al conflicto de partes y al recorrido asistencial de estas personas con discapacidad. No considera que haya abandono; pero sí la necesidad de clarificar las circunstancias que rodean a estos hechos. Ahora algunas están en el Hospital Benito Menni y otras en casa al cuidado de sus tutores, pero las familias mantienen que la situación sigue sin solucionarse, que no hay oferta pública suficiente ni concertada y es muy escasa la privada –con un coste de unos 1.700 euros al mes– para estas personas que, coinciden, son enfermos «graves, difíciles y que requieren mucha mano y conocimiento». En algunos casos la curatela está en manos de los hermanos, en otros de unos padres octogenarios.

El Grupo Villamor despidió a ocho profesionales del equipo en julio –directora, psiquiatra y trabajadores sociosanitarios–, aunque después los tribunales los consideraron despidos improcedentes. Entonces, los tutores de los enfermos, de entre 50 y 60 años la mayoría y con esquizofrenia casi todos, tenían programado trasladarlos a un nuevo centro que precisamente la directora despedida y parte de su equipo iban a abrir en el Pinar de Antequera, la residencia Vida Salud Mental; pero el retraso en su apertura solo a falta del visto bueno de Servicios Sociales, impidió el traslado al nuevo centro. Por ello, los afectados recurrieron a una residencia de ancianos de Peñafiel que aceptó acogerlos dada la situación inicial de corta estancia; pero, finalmente, tuvieron que irse al ser un centro que «no es el lugar más idóneo para ellos», apuntan los propios afectados. Por ello, los enfermos fueron trasladados o bien al Hospital Benito Menni o bien a los domicilios de sus familiares, destinos donde permanecen actualmente.

Sin embargo, ambas soluciones no convencen a los afectados, que aseguran tener una situación inadecuada porque un entorno es demasiado hospitalario y el domicilio de parientes «insostenible». Algunos tienen hijos pequeños, trabajan o están a cargo de padres muy mayores. Todos argumentan además serios problemas para costearse los servicios.

Los firmantes de los escritos, responsables de los enfermos con problemas psiquiátricos, explican que «nuestros tutelados estaban en La Merced muy bien atendidos en todos los aspectos por un equipo de profesionales abnegados que les entendía y se preocupaba por su salud y bienestar». Cuando el equipo fue despedido detectaron «un marcado empeoramiento de los enfermos y falta de respuestas a lo mismo por parte del centro» por lo que, «velando por su salud, optamos por salir de la residencia». Indican el citado traslado «provisional» a Peñafiel y que «en este lugar recuperaron la tranquilidad» y fueron «atendidos correctamente». Apuntan a continuación su interés por trasladar a sus tutelados al centro que parte de los profesionales despedidos quieren abrir en el Pinar de Antequera tras la reforma de la que fuera residencia San José.

Los padres y hermanos de estos pacientes denuncian en su carta coacciones por parte de una funcionaria de la Gerencia de Servicios Sociales que «en vez de preocuparse por la salud de nuestros tutelados y por solucionar el mal funcionamiento de La Merced nos llamaba por teléfono amenazándonos con perder las ayudas económicas que recibíamos si los llevábamos a otra residencia».

También denuncian en dicha carta y posteriormente en declaraciones que la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid «está obstaculizando la apertura del nuevo centro que «ha obtenido las autorizaciones pertinentes del Ayuntamiento y de Sanidad para su apertura». Reclaman finalmente estos afectados a la Consejería de Familia, de quien depende dicha gerencia, que solucione la situación y agilice unos trámites que se prolongan desde el pasado otoño.

A este respecto, ni la Consejería de Familia ni la Gerencia de Servicios Sociales que depende de la misma han querido explicar la situación ni hacer declaraciones al respecto.

Tampoco desde la residencia que está pendiente de la licencia de la Junta se ha querido hacer manifestaciones al respecto.

Los familiares aseguran que la Junta «pone obstáculos injustificados y va a goteo con la demanda de documentos para abrirla en vez de permitir subsanar a la vez todo. En uno pide los planes por ejemplo y cuando eso se ha arreglado el certificado de eficiencia energética y cuando lo presentan no les vale el actual sino el original de cuando se abrió la residencia de ancianos que se está rehabilitando y todo así. Bloquean la apertura de nuevo y no nos dan solución para nurstos tutelados».

Los afectados comparten estas inquietudes y una realidad dura; aunque cada uno tiene su propia historia.

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